Fiscal Carlos Alarcón pidió archivar investigación contra Daniel Noboa y su esposa
Alarcón estuvo cinco días en funciones, pero en ese tiempo solicitó el archivo de una investigación por presunto tráfico de influencias.
Carlos Alarcón fungió como Fiscal General del Estado Subrogante, en reemplazo de Wilson Toainga, durante cinco días. En ese tiempo, solicitó el archivo de una investigación previa en contra del presidente Daniel Noboa y su esposa Lavinia Valbonesi, quienes fueron denunciados por un supuesto tráfico de influencias.
El caso nació el 26 de agosto del 2025, cuando Yaku Pérez, excandidato presidencial, interpuso una denuncia por presuntas irregularidades en la adjudicación de la licencia ambiental para el proyecto minero Loma Larga en la provincia del Azuay.
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Aquel día, el líder indígena aseguró que la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DMP) “consiguió la licencia ambiental con fraude, donando, influenciando, incidiendo de manera ilegal y dolosa”.
Además, detalló que el 23 de junio del 2025, se expidió la licencia ambiental por parte del Gobierno Nacional, pero un mes antes “hubo sendas reuniones de la empresa en Toronto, Canadá, con el presidente Daniel Noboa y la canciller Gabriela Sommerfeld”.
Mientras que la primera dama Lavinia Valbonesi habría recibido donaciones de Dundee Precious Metals (DMP). Para sostener su tesis, Pérez mostró capturas de pantalla de medios digitales, que replicaron una publicación de la esposa del presidente donde informaban sobre la contribución.
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PEDIDO DE ARCHIVO
Más de un mes después, Carlos Alarcón, en su calidad de Fiscal General del Estado Subrogante, solicitó a la Corte Nacional de Justicia el archivo de la investigación previa.
Según se lee en el sistema de la Función Judicial, el pedido fue recibido el 14 de octubre del 2025. En el documento queda en evidencia que Alarcón suscribió la solicitud.
Por sorteo de ley, la competencia recayó en la Sala Especializada de lo Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, comandada por la jueza Daniella Camacho.
En el expediente no se detallan los argumentos del pedido de archivo y, por el momento, aún no hay una decisión final por parte de la magistrada.
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Entre los denunciados por supuesto tráfico de influencias constatan: el presidente Daniel Noboa, su esposa Lavinia Valbonesi, Guillermo Rafael Salgado Vergara y David Rae. Estos dos últimos pertenecen a la compañía Dundee.
Mientras que los denunciantes son en total nueve personas, encabezadas por Yaku Pérez, excandidato presidencial que ha liderado la lucha por impedir el proyecto minero Loma Larga.
El pasado 25 de septiembre, el Gobierno de Daniel Noboa anunció la suspensión de la licencia ambiental con base en los informes presentados por la Prefectura del Azuay y el Municipio de Cuenca.
Al mismo tiempo, advirtió que las autoridades locales deberán responder por “la veracidad, consistencia y responsabilidad técnica de los informes”.
La decisión también se tomó luego de una marcha multitudinaria en Cuenca en rechazo al proyecto minero. El miedo principal era que podría contaminar las fuentes de agua potable.