La reinstalación de la audiencia de juicio del caso Pruebas COVID-19 volvió a fracasar este jueves 3 de septiembre debido a una nueva ausencia del expresidente Abdalá Bucaram.
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Es la sexta ocasión en que la diligencia no logra concretarse, por lo que el Tribunal ordenó vigilancia policial permanente en la clínica donde supuestamente permanece internado y dispuso que sea aprehendido cuando reciba el alta médica.
La diligencia debía reinstalarse para que el Tribunal dé a conocer su resolución oral dentro del proceso por presunta delincuencia organizada relacionado con la comercialización irregular de pruebas rápidas e insumos médicos durante la pandemia.
Sin embargo, Bucaram, de 74 años, no compareció nuevamente.
Al igual que en ocasiones anteriores, el Tribunal ofició al Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional para que acuda a la casa de salud donde estaría el exmandatario y verifique si sus condiciones médicas le permiten escuchar la resolución.
Según lo expuesto previamente por su defensa, Bucaram permanece internado en el OmniHospital de Guayaquil debido a complicaciones derivadas de un severo problema cardíaco.
Finalmente, la reinstalación fue declarada fallida por sexta vez y los jueces dispusieron que agentes del Bloque de Búsqueda mantengan vigilancia permanente en la clínica.
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La orden establece que, una vez que Bucaram reciba el alta médica, será aprehendido para garantizar su comparecencia dentro del proceso judicial.
Fiscalía pide investigar las reiteradas dilaciones
Durante la diligencia, la Fiscalía General del Estado volvió a cuestionar las sucesivas suspensiones que han impedido avanzar hacia la resolución del caso.
La fiscal Lidia Sarabia recordó que el proceso acumula aproximadamente seis años de trámite e instó al Tribunal a disponer las acciones correspondientes frente a las recurrentes inasistencias.
Una de las preocupaciones planteadas por Fiscalía es el riesgo de prescripción de la causa debido al tiempo transcurrido.
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El caso Pruebas COVID-19 investiga un presunto esquema de delincuencia organizada relacionado con la comercialización irregular de más de 21.000 pruebas rápidas de diagnóstico y otros insumos médicos durante uno de los momentos más críticos de la pandemia de coronavirus en 2020.
Además del expresidente, entre los acusados constan su hijo Jacobo Bucaram Pulley, el ciudadano israelí Oren Sheinman y Leandro Berrones.
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