La Fiscalía General del Estado formuló cargos este miércoles 2 de septiembre contra Johana Núñez, prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y solicitó que se dicte prisión preventiva en su contra.
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La audiencia de formulación de cargos se instaló en Pichincha, donde el Ministerio Público presentó los elementos de convicción recabados durante la investigación contra la funcionaria.
Tras formular cargos, la Fiscalía pidió a la jueza que ordene la prisión preventiva de Núñez, argumentando que la medida permitiría garantizar la inmediación de la procesada durante el desarrollo de la causa.
Una vez escuchados los argumentos de las partes, la magistrada decidió suspender la audiencia y entrar en fase de deliberación para analizar las medidas cautelares solicitadas.
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La Fiscalía informó que la nueva fecha y hora para reinstalar la diligencia serán anunciadas posteriormente. Por el momento, por tanto, no existe una resolución sobre el pedido de prisión preventiva contra la prefecta.
Johana Núñez cumple su segundo periodo como prefecta
Núñez se encuentra al frente de la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas desde 2019.
Su primer periodo se extendió entre 2019 y 2023. Posteriormente consiguió la reelección para un segundo mandato con Somos Todos, alianza electoral conformada por la Revolución Ciudadana (RC) y Construir.
La investigación contra la funcionaria se desarrolla por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, tipificado en el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Este delito se configura cuando servidores públicos obtienen para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado durante el ejercicio de sus cargos o como consecuencia de estos, siempre que dicho crecimiento económico no pueda ser debidamente sustentado.
En el caso de Núñez, la Fiscalía deberá sustentar durante el proceso los elementos que respaldan su hipótesis sobre un supuesto incremento patrimonial que no guardaría correspondencia con sus ingresos legítimos.
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La formulación de cargos marca el inicio de una nueva etapa dentro del proceso penal, pero no constituye una declaración de culpabilidad. La prefecta mantiene su presunción de inocencia mientras la causa avanza.
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