El proceso judicial empezó en 2020, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia. Un lote de 21 mil pruebas rápidas es pieza clave de este rompecabezas.
La diligencia debía reinstalarse en la Unidad Judicial Albán Borja, en Guayaquil, pero fue suspendida debido a un apagón eléctrico registrado en el complejo judicial.
El Consejo de la Judicatura de Pichincha inició de oficio un proceso disciplinario contra el juez Gandhy Cervantes por las demoras en la emisión del fallo.
El exmandatario es señalado por presuntament encabezar una trama delictiva que obtuvo beneficios económicos con la comercialización de pruebas de la Covid-19.
