El Consejo de la Judicatura de Pichincha abrió de oficio un sumario disciplinario contra el juez Gandhy Cervantes por presuntos retrasos injustificados en la emisión de la sentencia dentro del denominado caso Pruebas COVID-19, que tiene entre sus procesados al expresidente Abdalá Bucaram y a su hijo Jacobo Bucaram.
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La medida se produce después de que la lectura del fallo haya sido aplazada en varias ocasiones. El juicio quedó suspendido en mayo de 2026 y, desde entonces, se han registrado cuatro convocatorias fallidas para conocer la decisión judicial.
Cervantes ha atribuido las demoras a la alta carga procesal que mantiene su despacho y a la necesidad de priorizar otras causas.
Sin embargo, los retrasos han generado preocupación debido al tiempo que resta antes de que pueda extinguirse la posibilidad de continuar con el proceso. La Fiscalía ha advertido que, si la causa no cuenta con una sentencia firme, podría prescribir en agosto de 2027.
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Una nueva fecha ya fue establecida para conocer el fallo: la lectura de la sentencia está prevista para el próximo 26 de agosto de 2026.
¿De qué se acusa a Abdalá y Jacobo Bucaram?
El denominado caso Pruebas COVID-19 investiga un presunto delito de delincuencia organizada relacionado con la comercialización y distribución de insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.
Según la tesis de la Fiscalía, una estructura habría operado para lucrar ilegalmente con pruebas rápidas y otros implementos médicos en medio de las restricciones impuestas durante la pandemia.
El Ministerio Público atribuye al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz el almacenamiento y acopio irregular, en su vivienda de Guayaquil, de miles de pruebas rápidas para COVID-19, mascarillas y lancetas.
A su hijo, Jacobo Bucaram Pulley, la Fiscalía lo señala como presunto responsable de financiar la operación. Según la acusación, habría pagado USD 321.600 en efectivo por la mercadería.
En la causa también aparecen los ciudadanos israelíes Oren Sheinman y Shy Dahan, quienes presuntamente vendieron los insumos y se habrían presentado falsamente como agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Dahan fue asesinado en 2020 dentro de la Penitenciaría del Litoral.
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La investigación también apunta a agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, quienes presuntamente facilitaron el traslado de las pruebas utilizando vehículos oficiales para evadir los controles que estaban vigentes durante la emergencia sanitaria.
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