Juez dicta prisión preventiva para Ángela Plúa, alcaldesa de Jipijapa, por operación Digitador
La presunta red de corrupción operaba en los cantones de Jipijapa, Calceta y San Vicente.
A la una de la mañana del sábado 27 de junio, el juez de Pichincha acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para 10 procesados por este caso, incluida la alcaldesa de Jipijapa Ángela Plúa.
En la audiencia, la Fiscalía formuló cargos por presunta delincuencia organizada. De acuerdo a las investigaciones, los 10 procesados formarían parte de una supuesta red que habría emitido, de manera irregular, documentos relacionados con la revisión técnica vehicular en Manabí.
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Según el ministro del Interior, John Reimberg, esta presunta red, liderada supuestamente por la alcaldesa de Jipijapa, generó un prejuicio al Estado de USD 5 millones. Además, los movimientos financieros de Plúa no guardarían relación con los ingresos declarados y que habría más de USD 2,6 millones sin justificación aparente.
Ministro John Reimberg reveló cómo funcionaba la supuesta red en Jipijapa
El ministro del Interior, John Reimberg, indicó que los implicados en la presunta red de corrupción en Manabí estarían involucrados en la emisión irregular de documentos de tránsito vehicular en tres cantones manabitas.
La Policía Nacional ejecutó la operación Digitador la madrugada del jueves 25 de junio. La fuerza del orden realizó 18 allanamientos, incluidos a cinco en entidades públicas, en Jipijapa, Bolívar (Calceta) y San Vicente.
Entre las 13 personas detenidas estuvo Ángela Plúa, alcaldesa de Jipijapa. De acuerdo al Ministerio del Interior, ella fue señalada como presunta cabecilla de una organización dedicada a emitir de forma irregular documentos de tránsito, como matrículas, revisiones técnicas, licencias y traspasos vehiculares.
En un comunicado, Reimberg señaló que la presunta red estaba integrada por funcionarios de entidades de tránsito de Jipijapa, Bolívar (Calceta) y San Vicente. Además, estaban involucrados tramitadores externos, quienes presuntamente cobraban entre USD 100 y USD 150 por trámite, para evadir requisitos legales y técnicos. A esto se suma que afectaban el servicio regular de los trámites con la frase: "no hay sistema".