El exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Fabián Calero, se pronunció este miércoles sobre el denominado caso Progen, en el que es procesado por presunto peculado y mantiene una orden de prisión preventiva vigente.
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Calero, quien salió legalmente de Ecuador antes de que se ordenara que fuera encarcelado provisionalmente, en mayo de 2026, y cuyo paradero actualmente se desconoce, difundió un comunicado en el que cuestionó las actuaciones de la Fiscalía General del Estado y anunció que rendirá una nueva versión dentro del proceso.
“No es una ampliación, es la versión que no me dejaron dar”, sostuvo el exfuncionario.
Según su relato, su primera versión habría sido condicionada por la fiscal Luzmila Llugcha debido a la estrategia con la que se conducía la investigación. Calero aseguró que en septiembre de 2025 mantuvo una reunión en la Fiscalía General del Estado y suscribió un acta relacionada con una versión de 22 páginas sobre los hechos investigados.
El exgerente afirmó que entonces se había comprometido a entregar esa información como testimonio anticipado, bajo juramento y en condición de testigo protegido, y no como procesado.
Calero cuestionó además que, según sostiene, otras personas vinculadas al caso hayan podido entregar versiones de manera telemática mientras a él no se le habría permitido hacerlo.
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También extendió una invitación a tres exministros de la época, así como a sus asesores y directores jurídicos, para que estén presentes cuando entregue su versión y escuchen directamente sus afirmaciones.
Calero explica por qué permanece fuera de Ecuador
En el comunicado, Calero también explicó su decisión de mantenerse fuera del país pese a la orden judicial que pesa en su contra.
Calero aseguró que permanece “a buen recaudo” debido a presuntas amenazas contra su vida e integridad física que, según afirma, denunció previamente ante la Fiscalía mientras formaba parte del programa de protección de víctimas y testigos.
El exfuncionario sostuvo que esa es la razón por la que no compareció presencialmente a rendir versión y afirmó que no considera que existan garantías para su seguridad en Ecuador.
También acusó a las autoridades ecuatorianas de intentar forzar su retorno y aseguró que sus derechos a la defensa y al debido proceso estarían siendo vulnerados.
Según la tesis del Ministerio Público, Calero y otros veinte procesados habrían evadido u omitido procedimientos de contratación pública para favorecer a Progen Industries LLC, pese a que la empresa supuestamente no cumplía con las especificaciones técnicas y otras obligaciones contractuales.
Los contratos investigados contemplaban USD 99,4 millones para la central Salitral y USD 49,7 millones para Quevedo.
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La Fiscalía sostiene que, pese a las presuntas irregularidades detectadas durante los procesos, se entregó a la compañía el 70 % del valor total como anticipo, equivalente a USD 104,37 millones, cantidad que constituiría el presunto perjuicio ocasionado al Estado.
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