Caso Blanqueo Fito | Defensa pide expediente digitalizado y Fiscalía dice no tener recursos ni presupuesto asignado
Actualmente el expediente consta de 449 cuerpos y 44.862 fojas.
El caso Blanqueo Fito, por el presunto delito de lavado de activos, retoma su audiencia preparatoria de juicio este 5 de febrero de 2026. En esta jornada, la Fiscalía continuará con sus alegatos, aunque el proceso vuelve a iniciar en medio de un nuevo tropiezo.
El pasado 27 de enero de 2026, Willian Ezequiel Mieles, exdefensor público y actual abogado de Inda Penarrieta Tuárez, esposa de alias Fito y quien permanece prófuga de la justicia, presentó una solicitud de que se disponga a la Fiscalía General del Estado la entrega de la totalidad del expediente correspondiente a esta causa, en formato digital. Pero la Fiscalía respondió que no tiene fondos ni asignación presupuestaria para ello. Aquí los detalles.
Fiscalía sin recursos para digitalizar el expediente
Mediante un escrito, la fiscal del caso, María Belén Luna, expuso que el 12 de diciembre de 2025 se procedió a la digitalización del expediente cuando este contaba con 44.421 fojas contenidas en 444 cuerpos; gestión que implicó el pago de USD 4.441,10, "valor que fue registrado como gasto por concepto de servicio de escaneado y cargado previo aprobación presupuestaria a la Unidad Nacional de Antilavado de Activos".
Luna especificó que la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional Nro. 1, a la cual pertenece, forma parte orgánica y administrativamente de la Fiscalía Provincial de Pichincha, la cual "no cuenta con una partida presupuestaria para el servicio de foto copiado y digitalización de expediente fiscales".
Sin embargo, Luna enfatizó que ha garantizado de manera permanente "el acceso pleno, oportuno y suficiente", en días y horas laborables.
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Por ello, reiteró que la digitalización integral del expediente fiscal "resulta material y presupuestariamente inviable", considerando que, a la presente fecha, el expediente consta de 449 cuerpos y 44.862 fojas, y que "el volumen documental excede de manera evidente cualquier previsión ordinaria de recursos asignados para tal finalidad" a la Fiscalía Provincial de Pichincha, "sin que exista disposición legal expresa ni asignación presupuestaria específica que obligue a la Fiscalía General del Estado a asumir dicho procedimiento".
En respuesta, la jueza Karol Zambrano puso en conocimiento de los sujetos procesales la contestación emitida por la Fiscalía y dejó constancia expresa de que el acceso al proceso se encuentra garantizado, así como de las condiciones de acceso al expediente fiscal, con el fin de evitar futuras controversias procesales.
Blanqueo Fito: estos son los familiares del cabecilla investigados en el caso
La madrugada del pasado 2 de junio de 2025, la Fiscalía –en coordinación con la Policía Nacional– ejecutó un operativo simultáneo en tres provincias, durante el cual se cumplió con la detención de: Yandry Nicomedes M. V. (hermano de ‘Fito’), Jorge Alberto P. T. (cuñado), Verónica Narcisa B. Z. (pareja sentimental, actualmente privada de libertad en la cárcel de mujeres de Guayaquil), José Gregorio B. Z. (hermano de Verónica B.), Ángel Hermelindo B. B. y Dolores Onila Z. S. (padres de Verónica B.).
A ellos se les formuló cargos por el presunto delito de lavado de activos y recibieron prisión preventiva.
Posteriormente, el Ministerio Público vinculó a 10 personas naturales más: José Adolfo M. V. (alias ‘Fito’), Inda Mariela P. T. (esposa), Michelle Jamilet M. P. (hija), Adolfo Jair M. P. (hijo), Ramón José M. I. (padre), Violeta Marisol V. C. (madre), Julio César P. T. (cuñado), Irene Jahaira P. T. (cuñada), Ronald Javier M. V. (hermano), Angie Darleny B. Z. (hermana de Verónica B).
A todos ellos se les dictó prisión preventiva, aunque la esposa del líder criminal, India, y sus hijos están prófugos de la justicia.
Al mismo tiempo, la Fiscalía vinculó a cuatro personas jurídicas: Iris Limpieza Cia Ltda., Transporte de carga pesada Jomavi S.A., Queenwater S.A. y Ferro Mundo S.A. Aparentemente, estas compañías servían como fachada para lavar dinero de origen ilícito