Los chats secretos revelaron que 'Odín' era el brazo derecho del narco serbio Jezdimir Srdan: ¿Qué pasó con el juez que lo liberó?
El juez Angel Tapia liberó al socio del serbio en el caso Finisterra. En el proceso por lavado, llamado Euro2024, el fiscal Luis Rosero apeló: pide 13 años para los sentenciados.
El pleno del Consejo de la Judicatura, presidido por Damián Larco desde mediados de febrero, decidió por unanimidad la destitución del juez Ángel Tapia. Previamente la sala de lo Civil y Mercantil de la Corte del Guayas concluyó que el juez incurrió en error inexcusable.
Tapia fue el juez que el 18 de noviembre de 2025 liberó a Odín, el brazo derecho del narco serbio Jezdimir Srdan. En ese entonces el juez aceptó una acción de habeas corpus: esto permitió que el socio del serbio recuperara la libertad. Él se encontraba cumpliendo prisión preventiva por el delito de delincuencia organizada.
El pedido de habeas corpus debía ser conocido y resuelto por los jueces de la Corte Provincial de Guayas, y no por un juzgador de primer nivel. El servidor judicial actuó sin competencia. Por ello fue sancionado.
La investigación fiscal reveló que Odín, como se lo llama en los chats, conocía detalles sobre embarques, cobros, envíos, dinero en efectivo. Y sobre cargamentos que eran descubiertos por las autoridades en puertos europeos.
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El tono de las conversaciones reflejaba que Odín, cuyo verdadero nombre es D. Naula, tenía un trato cercano con el serbio. Eso se desprende del proceso por delincuencia organizada, en el caso Finisterra. El expediente está a cargo de la fiscal Janeth Cueva.
Fiscalía apeló sentencia en caso de lavado
No es la única novedad en el caso del serbio que, según las investigaciones fiscales, dirigía una estructura de narcolavado desde el litoral ecuatoriano.
El proceso por lavado de activos está a cargo del fiscal Luis Rosero. Se trata del caso Euro2024.
El proceso tuvo notoriedad mediática. En medio de las audiencias, salieron a la luz presiones por parte de un alto funcionario del Consejo de la Judicatura. Quien denunció este intento de direccionamiento, el juez anticorrupción Carlos Serrano, salió del país a mediados de diciembre al quedarse sin cápsula de protección policial.
Semanas antes, en el curso de la audiencia, el procesado serbio se había conectado por zoom a la diligencia desde el centro de privación de libertad. Él hizo una señal con sus manos, al pasarlas por el cuello. Esto fue interpretado como una amenaza de muerte contra los juzgadores.
A pesar de estos incidentes, la contundencia de la investigación fiscal se impuso. La sentencia fue expedida por escrito el 25 de febrero de 2026. Fue suscrita por los jueces anticorrupción Carlos Serrano y Christian Fierro. En el texto se fijó una pena de 10 años para las personas involucradas.
No obstante, el fiscal Luis Rosero explicó a Vistazo que apeló la sentencia, para solicitar el aumento de la pena a 13 años.
Pero, ¿qué vuelve tan particulares a los procesos judiciales seguidos contra el serbio Jezdimir Sdran?
Caso Finisterra
Este proceso fiscal se inició para investigar el delito de delincuencia organizada. En suma, para detectar los responsables de la estructura criminal que habría facilitado los envíos de cocaína desde puertos ecuatorianos hacia puertos europeos. Los cargamentos se volvieron más frecuentes durante la pandemia.
Por esas épocas, la relación de confianza entre Odín y el serbio Srdan se estrechó. El penúltimo día de marzo de 2020, intercambiaron fotos. Dos de ellas muestran cajas de cartón con productos de exportación.
Y a renglón seguido hubo entre ambos un envío de imágenes que muestran dinero en efectivo. Por lo menos 50 fajos de billetes -dólares de alta denominación- destacan en la fotografía.
En una conversación, a inicios de abril de ese mismo año 2020, el serbio se quejaba amargamente ante Odín.
En otro diálogo con ‘brate’, porque a así llamaba a Odín, por esos mismos días hablaba de “preñar cajas secas para Antwerpen”. Se refiere a contaminar con cocaína un cargamento hacia un puerto de Holanda, conocido como Amberes.
A pesar de esta evidencia, el juez Tapia decidió viabilizar el recurso que dejó a Odín en libertad. Al juez esto le costó la destitución.
Caso Euro2024
Por cuerda separada se desarrolló el proceso por lavado de activos, denominado caso Euro2024. Esta investigación fiscal ya llegó a sentencia. Su texto por escrito fue expedido a fines de febrero de 2026.
Según el argumento del fiscal a cargo del proceso, Luis Rosero, existió una estructura dedicada a lavar activos procedentes del tráfico ilícito de drogas.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2018 y 2023. La legislación vigente a la época contemplaba penas de 10 a 13 años, y una multa equivalente al triple del monto lavado.
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Entre los alegatos del fiscal quedó en evidencia que Srdan, ciudadano serbio con difusión roja en Interpol, era requerido por Croacia por el delito de falsificación de documentos. Pertenecía al clan Escalier, dedicado al tráfico de drogas.
A partir de una asistencia penal enviada desde Alemania, el fiscal Rosero identificó que entre marzo de 2020 y febrero de 2021se enviaron nueve toneladas a ese país.
Según la investigación fiscal, “Jezdimir Srdan no tiene ninguna actividad económica que le permita justificar los ingresos económicos, ni ningún tipo de perfil profesional. Toda su historia laboral se refleja a partir de la creación de estas compañías en donde empieza a trabajar: tanto Vivo Pro Vobis como Servi Seguridad”.
Su pareja, una abogada en libre ejercicio, de origen dominicano, declaró impuesto a la renta entre 2018 y 2023 por 225 mil dólares. Según Fiscalía, cuando el proceso por lavado de activos inició, ella presentó declaraciones sustitutivas por dos millones de dólares.
Según la teoría fiscal, la pareja viajó a Serbia y al volver a Ecuador formó una empresa. En esa compañía recibieron transferencias desde Alemania, por 1,7 millones de dólares. Los remitentes están siendo investigados por tráfico de drogas en ese país europeo.
Con esos recursos formaron una compañía y adquirieron una empresa camaronera.
Luego, adquirieron el 50% del paquete accionario de una compañía de seguridad. Varios bienes fueron comprados en efectivo.
Las compañías, por otro lado, sirvieron para introducir el dinero de origen ilícito en el sistema financiero, según revela el expediente.
La investigación fiscal no deja lugar a dudas. Por eso, 2 de los 3 jueces del tribunal anticorrupción declararon culpables a Srdan, su pareja y otras dos personas por el delito de lavado. Y les impusieron penas de 10 años de privación de libertad. Dos empresas además fueron clausuradas y una tercera, que era solo de fachada, debe ser disuelta según la sentencia por escrito.
Las pruebas periciales permitieron detectar que el monto lavado fue de 11,1 millones de dólares. Aproximadamente 5 millones fueron lavados por el serbio. Una cantidad similar, por su pareja, según el proceso.
El fiscal Luis Rosero, sin embargo, apeló esta resolución. Y ha pedido que la pena se eleve al máximo que contemplaba la legislación vigente al momento en que se cometieron los delitos. Esto es, 13 años de prisión, en lugar de los 10 impuestos por el tribunal.
Las presiones contra el juez Serrano
El juez anticorrupción Carlos Serrano fue el segundo mejor puntuado en el concurso realizado en 2022, que escogió a los juristas calificados que deben impartir justicia en casos relacionados con el crimen organizado.
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El grupo selecto de jueces resultó escogido, a través de un concurso que tuvo escrutinio de la sociedad civil, de la academia y que fue impulsado por el Consejo de la Judicatura, de la época, presidido por Fausto Murillo.
A sus 35 años, Carlos Serrano proviene de una familia con larga tradición en el ejercicio del derecho; tiene un PhD en la Universidad Carlos III de Madrid. Ejerce además la docencia.
Los jueces anticorrupción deben contar con protección especial, su nivel de riesgo es alto porque se enfrentan a mafias. Eso se contempló desde la creación de este cuerpo especializado.
El resguardo policial fue una decisión avalada por la Corte Constitucional (a través de la sentencia 9-22-IN/22). En ese documento se exige al “Consejo de la Judicatura y órganos auxiliares de la función judicial la adopción de las medidas necesarias para que se garantice efectivamente la seguridad personal de operadores de justicia... de tal suerte que no haya afectaciones o amedrentamientos que influyan en su funcionamiento”.
El protocolo de protección contempla la elaboración de un análisis de riesgo personal.
En septiembre de 2024, el juez Serrano tenía un perfil de riesgo medio, equivalente al 36 por ciento. Por esos días dos servidores policiales estaban asignados como parte de su cápsula de seguridad inmediata.
El análisis de riesgo tiene una vigencia de un año. A fines de noviembre de 2025 se actualizó su perfil: subió en dos puntos, del 36 a 38 por ciento.
Para entonces había sufrido amenazas. En Fiscalía hay dos investigaciones abiertas por intimidación en contra del juez Serrano.
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El 6 de noviembre de 2025, hacia las 18h30, un mayor de la Policía neutralizó tres cargas explosivas con cilindros de gas licuado de petróleo GLP, colocados en un auto estacionado en la parte posterior del Complejo Judicial Norte, a pocos metros de la oficina donde despachaba Serrano.
El 20 de noviembre, la amenaza gestual del serbio durante la audiencia quedó grabada tanto en video como en el parte policial.
A pesar de todo esto, un informe policial de fines de noviembre notificó a Serrano que se quedaba sin la cápsula de seguridad.
A inicios de diciembre, de hecho, se retiró su protección. A día seguido él requirió que se restableciera. Sin respuesta, el 4 de diciembre renunció a su cargo y poco después salió del país.
A mediados de diciembre, una serie de audios daba cuenta que el juez Serrano habría recibido presión por parte del director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, Henry Gaibor Flores. A través de llamadas telefónicas, le habría instado a conversar con terceras personas, habría pedido reuniones y le habría requerido que en el caso del ‘extranjero’ lo absolviera de delito de lavado de activos.
Esta tesis es idéntica a la posición de la defensa de Srjdan, quien acepta su culpabilidad en el caso de narcotráfico pero insiste en que no blanqueó capitales ilícitos.
¿Actuó el funcionario Gaibor Flores por cuenta propia? Cuando se hizo pública la renuncia del juez Serrano, se conoció que la esposa del presidente del Consejo de la Judicatura de la época fue en el pasado defensora del procesado de origen serbio.
Se trata de la abogada Dolores Vintimilla, quien además defendió a otros acusados por el delito de narcotráfico, desde un estudio jurídico privado. Quien presidía el Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, dejó el cargo en medio de acusaciones.
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