Estos son los aspectos que Daniel Noboa debe recalibrar en su estrategia de seguridad
El mandatario inicialmente redujo las tasas de homicidios, pero la violencia se ha vuelto a disparar y la delincuencia continúa sin cesar.
Un reciente informe del International Crisis Group, una organización que se dedica a la prevención y resolución de conflictos armados, alerta que Ecuador corre el riesgo de perder su lucha por la seguridad pública y resalta la necesidad de que recalibre su estrategia. ¿Qué está fallando?
El 9 de enero del 2024, el presidente Daniel Noboa decretó un “conflicto armado interno” luego de una serie de atentados en Guayaquil, incluido el asalto en vivo a un canal de televisión. La medida implicó que los grupos de delincuencia organizada pasen a ser denominados como terroristas. Además, los militares tomaron el control de las cárceles.
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Pero los resultados han sido dispares, según menciona el informe denominado ‘¿Un paraíso perdido? La lucha de Ecuador contra el crimen organizado’ de Crisis Group.
La organización resalta que la tasa de homicidios cayó un 17 por ciento durante el año posterior al anuncio, mientras que el número de disturbios y masacres carcelarias disminuyó inicialmente.
Además, la actitud de mano dura del Gobierno envió un mensaje contundente tanto a las comunidades como a los delincuentes, pero los expertos señalan que estos aspectos por sí solos “rara vez logran desmantelar los mercados del narcotráfico”.
De hecho, las proclamaciones de éxito se han ensombrecido durante el 2025. El primer semestre resultó ser el más violento en la historia de Ecuador con 4.500 homicidios.
Todo parece indicar que Ecuador podría terminar el año alcanzando o superando los 9.000 homicidios, lo que equivaldría a una tasa de casi 52 por cada 100.000 habitantes, lo que lo convertiría en el país más violento de América Latina.
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FALENCIAS EN LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Crisis Group analizó las causas del aumento de la violencia con más de 100 entrevistas y concluye que los grupos ilegales se han adaptado rápidamente a las ofensivas de seguridad, “desplazándose a nuevas localidades y adoptando métodos innovadores para proteger sus fuentes de ingresos”.
Resalta que la estrategia principal del Gobierno se ha basado en la dependencia en la fuerza militar, pero ha olvidado otros aspectos como la presencia estatal en zonas azotadas por la violencia.
La organización internacional menciona en su informe cinco falencias en la campaña de Noboa contra el crimen organizado:
1. Cárceles: la disminución de la violencia en los centros penitenciarios fue momentánea, ya que se han vuelto a perpetrar masacres. Hace tan solo unos días, la cárcel de Machala fue escenario de disturbios que dejaron más de 30 reos asesinados.
Asimismo, el informe indica que las actividades ilícitas continúan casi sin obstáculos: los grupos criminales extorsionan a los reclusos, mientras que las armas y las drogas siguen estando fácilmente disponibles.
2. Movilización de militares: oficiales militares expresaron su preocupación sobre el despliegue prolongado de los soldados en actividades de seguridad pública, pues puede impulsar su implicación con grupos criminales.
Un claro ejemplo se produjo en junio, cuando la Fiscalía acusó a 19 militares de colaborar en la fuga de alias Fede, líder de la pandilla ‘Los Águilas’, de la Penitenciaría del Litoral.
Al mismo tiempo, están descuidando sus obligaciones originales. “(Los militares) no pueden cubrir las fronteras porque están en todos lados. No solo en cárceles, en pozos petroleros, hidroeléctricas, dificulta cubrir parte esencial de la frontera”, comentó un oficial de manera anónima.
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3. Exportaciones desprotegidas: las autoridades reforzaron la seguridad portuaria instalando escáneres en terminales clave y militares intervinieron con patrullajes, pero el informe revela que las redes criminales se adaptaron ocultando las drogas en contenedores antes de su llegada a los muelles o cargando las embarcaciones en altamar.
Crisis Group también señala que los grupos criminales utilizan puertos más pequeños y no comerciales, obligando a los pescadores locales a cooperar bajo amenaza de muerte y exponiéndolos al riesgo de ser arrestados.
4. Presencia fugaz del bloque de seguridad: policías y militares se retiran poco después de realizar arrestos e incautaciones, sin dejar personal desplegado de forma permanente. Es ahí cuando resurge la violencia. “La gente tiene más miedo por lo que pasa después de los operativos”, dijo un líder juvenil.
5. Abusos: hay indicios de que la campaña militar ha dado lugar a abusos de derechos humanos. Las fuerzas de seguridad enfrentan acusaciones de detenciones arbitrarias, al menos 30 desapariciones forzadas (incluyendo menores) y al menos doce ejecuciones extrajudiciales.
Con estas falencias, Crisis Group dice que “es poco probable que la estrategia de Noboa, tal y como está, logre asestar un golpe decisivo al crimen organizado en Ecuador”. También hay el riesgo de que la ofensiva a lo largo de las provincias de la Costa provoque el desplazamiento de las organizaciones ilegales a otras partes del país o al extranjero.
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RECALIBRAR LA ESTRATEGIA
Los expertos mencionan que es necesario que el Gobierno recalibre la estrategia de seguridad para que haya soluciones duraderas. Para ello, Crisis Group plantea las siguientes medidas:
1. Protección civil: llevar la paz a los barrios pobres devastados por la violencia, sobre todo a lo largo de la Costa y establecer una presencia estatal permanente.
2. Reforzar la Policía Comunitaria: el Estado debe reinvertir en estas unidades y destinar fondos para fortalecer las unidades de prevención del delito.
3. Frenar el reclutamiento de menores: a través de programas público-privados que brinden oportunidades de empleo, estudios y cultura. En junio del 2025, el Gobierno de Daniel Noboa creó un Comité para erradicar el reclutamiento en coordinación con 17 instituciones del Estado. Sin embargo, se desconoce las acciones que se han llevado a cabo y detalles del proyecto.
4. Reforma penitenciaria: modernizar la infraestructura y los sistemas de seguridad, incluyendo la instalación de detectores de metales, tecnología para controlar el acceso y cámaras de vigilancia. También, Crisis Group dice que se debe mejorar la clasificación de reclusos basada en la gravedad de los delitos que cometieron.
Por el momento, la estrategia más clara del Gobierno en cuanto a temas penitenciarios es la construcción de nuevas cárceles en Santa Elena al estilo Bukele. De hecho, el pasado lunes 10 de noviembre, empezó a operar la 'Cárcel del Encuentro', pese a que aún no está terminada ni hay personal especializado para brindar seguridad.
5. Retirar militares: desarrollar un plan para retirar gradualmente al personal militar de las prisiones y sustituirlo por un cuerpo de civiles bien capacitados.
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6. Seguridad portuaria: colaborar con empresas privadas, socios extranjeros como la UE y las autoridades portuarias para ampliar los sistemas de protección tecnológica. Además, atender las necesidades de las comunidades cercanas.
7. Combatir la corrupción: Crisis Group manifiesta que el Gobierno debe dar mayor prioridad al desarrollo de mecanismos de supervisión sólidos dentro de las instituciones que imparten justicia. Además, hay que resolver la escasez de fiscales, darles garantías de seguridad y recursos.
8. Coordinación estratégica: promover el diálogo constante entre las instituciones nacionales y los gobiernos locales para definir agendas.
Si no se toman en cuenta estos aspectos, sobre todo la presencia estatal en zonas violentas y los controles en los puertos, la organización internacional advierte que Ecuador corre el riesgo de perder su lucha por la seguridad pública.
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