Un juez ordenó este jueves la prisión preventiva para un hombre, presuntamente implicado en el delito de violación y asesinato de una mujer de 83 años, hecho ocurrido el pasado domingo en el municipio Déleg, de la provincia del Cañar.
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La víctima, identificada como Luz América B. y quien fue encontrada gravemente herida en su domicilio, presentaba signos evidentes de violencia sexual, indicó la Policía al apuntar que la autopsia confirmó "desgarros en el recto y conducto vaginal, determinando una agresión con objeto contuso".
La Fiscalía también dispuso medidas de protección a favor de las víctimas indirectas del caso.
Al conocerse el caso y tras las tareas de investigación, se realizó un allanamiento y se detuvo en el sector Dubliay al ciudadano Wilson Javier Q., de 35 años, presunto implicado en el hecho que ha conmocionado a la ciudadanía.
Pobladores de Déleg indignados por el ataque a la anciana acudieron el miércoles a la Fiscalía para exigir que se les entregue al ciudadano y al no conseguirlo dañaron parte de las instalaciones, así como un vehículo de la Policía.
"El pueblo de Déleg está cansado, vamos a hacer justicia porque ya es demasiado", dijo una indignada ciudadana en los exteriores de la Fiscalía, donde expresó su preocupación porque en la zona hay "mucha gente mayor que vive sola".
Tras conocer la detención del sospechoso, el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, había advertido que no permitirían que ningún hecho quede impune.
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"Esperamos que la función Judicial haga el trabajo que le corresponde para dejar a este y otros criminales en la cárcel", señaló el ministro, quien ha cuestionado en varias ocasiones que ciertos jueces otorguen medidas cautelares a la prisión preventiva y que los beneficiarios de las mismas vuelvan a delinquir.
En Ecuador, el delito de violación está tipificado en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece sanciones severas para quienes cometen este tipo de agresión sexual.
La norma señala que este delito se castiga con una pena privativa de libertad de entre 19 y 22 años, y detalla una serie de circunstancias agravantes que pueden aumentar la condena.
Entre los casos en los que se aplica la pena principal figuran aquellos en los que la víctima está incapacitada para resistir, ya sea por estar privada de razón, conciencia, o por condiciones de discapacidad.
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También se contempla cuando el agresor actúa mediante violencia física, amenazas o intimidación.
Además, el artículo 171 contempla agravantes que duplican la pena máxima, especialmente si la víctima sufre lesiones físicas graves, daños psicológicos duraderos, o contrae enfermedades de transmisión grave o fallece, como ocurrió en este caso.