Caso Furukawa: víctimas de esclavitud en Ecuador aún no reciben reparación de daños tras sentencia
Han pasado siete meses desde que la Corte Constitucional emitió la histórica sentencia del caso Furukawa; sin embargo, los trabajadores siguen denunciando su incumplimiento.
Lo que parecía haber terminado en una victoria con una sentencia histórica, se ha convertido en una espera sin fin. El 5 de diciembre de 2024, la Corte Constitucional (CC) de Ecuador determinó que la empresa Furukawa Plantaciones del Ecuador C.A. mantuvo durante más de cinco décadas prácticas de esclavitud conocida como Servidumbre de la Gleba.
Hasta 2019, 342 personas vivían en campamentos dentro de las haciendas y cosechaban abacá -principal actividad de Furukawa- sin que puedan cambiar su condición de extrema vulnerabilidad. Los campamentos dentro de las haciendas no tenían luz, agua potable, instalaciones sanitarias básicas, ni acceso a servicios de educación y salud.
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La Corte verificó que se generó un daño general a los abacaleros y al tejido social, así como afectaciones desproporcionadas a las mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas que sufrieron mutilaciones al cultivar el abacá, una fibra muy resistente, utilizada para hacer cuerdas, sacos, papel especial (como billetes) y productos textiles.
La sentencia 1072-21-JP/24 dispuso como reparación integral una serie de medidas, como disculpas públicas y el pago de más de USD 42 millones por daño inmaterial y material de parte de la empresa. Pero aquí empieza el principal escollo del proceso.
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Furukawa ha manifestado su compromiso de acatar la sentencia y para cumplirla, ha solicitado en cuatro ocasiones a la Corte, el levantamiento de la prohibición de enajenar sus bienes, lo cual considera necesario para generar los recursos para el pago.
En entrevista con Vistazo, el actual gerente de Furukawa Plantaciones C. A del Ecuador, Guido Páez, explicó que el monto de la reparación excede significativamente su patrimonio total, lo que afectaría su subsistencia.
La sentencia detalla que cada persona debe recibir un monto de 40.000 dólares por daño inmaterial y 80.000 por daño material, lo que suma 120.000 dólares. Adicionalmente, cada una de las personas, según su grado de vulnerabilidad, es decir, si fueron niños, mujeres o adultos mayores, tiene derecho a un pago de 5.000 dólares adicionales. Esto suma casi 42 millones de dólares.
El fallo dividió la obligación económica en dos pagos. El primero fue por 6’840.000 dólares que se debieron pagar en 90 días, a partir del dictamen y el saldo restante, de 35’285.000 dólares, en un plan de pagos.
Sin embargo, esto no ha ocurrido y para este jueves 17 de julio de 2025, los trabajadores afectados convocaron a una rueda de prensa en los bajos de la Corte Constitucional en Quito para exponer sus inconformidades.
¿Qué manifiesta Furukawa?
“La empresa no tiene el flujo de caja disponible para llevar a cabo el primer pago y peor aún el segundo pago”, dijo Páez, remarcando que la pretensión es pagar una parte en efectivo y otra parte en tierras, pero que para ello, necesitan una modulación de la sentencia.
El gerente de Furukawa señala que la empresa cambió de accionistas en el año 2014 y desde entonces arrastra una pérdida acumulada de 2.3 millones de dólares hasta el 31 de diciembre del 2024. Al 2023, vendían 60 contenedores al año, es decir, un promedio de 5 contenedores por mes. En 2024 el ritmo bajó a dos contenedores y en diciembre, cuando se expidió la sentencia, se cancelaron todas las órdenes a futuro por lo que desde entonces no han podido exportar.
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De acuerdo a la Superintendencia de Compañías, Furukawa cuenta con 85 empleados y en 2024, reportó ventas por 2.5 millones de dólares. Este año se han dedicado a distribuir la fibra de abacá a nivel nacional, a un menor valor y su estrategia es crear un flujo de caja mínimo para sostenerse.
De ahí que por medio de una salida jurídica proponen un sistema mixto para pago de los primeros 6’840.000 dólares. “Lo primero es que se nos permita terminar unas promesas de compra venta que tenemos con una empresa grande en el país, que es una empresa maderera que está dispuesta a comprarnos nuestras tierras y en base a la venta de esta, nosotros levantar un valor cercano a los 3 millones de dólares en efectivo”, explica Páez.
Lo segundo, agrega, es “dar como forma de pago 284 hectáreas que corresponden a dos haciendas que tenemos, que fueron invadidas desde el 2019 por los accionantes”.
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De acuerdo al directivo, expertos agrícolas cuantificaron el valor de los terrenos de estas dos haciendas por 5.5 millones de dólares, más lo equivalente a la productividad -desde 2019 hasta 2024- que asciende a 3 millones de dólares. Con esto sumaría un total de 8.5 millones, es decir, 1.7 millones más de lo dispuesto en el primer pago.
De ahí que el total que esperan equiparar es de 33.5 millones de dólares con el plan de pagos. “Basado sobre una proyección de ingreso de la empresa, hemos definido que el 80% de la utilidad anual, sea destinado para pagar a los accionantes y que el 20% de esa utilidad que quedaría, la empresa lo utilice como capital de trabajo y pueda garantizar la supervivencia de la empresa en el tiempo”. Esto, detalla Páez, debido a que la sentencia no establece que se cierre la empresa.
“Y nosotros necesitamos de esa operación para seguir pagando a los accionantes a través del tiempo”.
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Bajo este esquema, para pagar el cumplimiento total de la sentencia, es decir, los 33.6 millones de dólares se requerirían 98 años y 3 meses, por lo que Páez indica que el planteamiento B es utilizar el concepto de valor presente, es decir, calcular cuánto vale hoy la cantidad de dinero que se recibirá en el futuro, restando estimaciones de inflación o el costo de oportunidad.
A cambio esperan entregar tres haciendas y tierras, en un periodo que no pase de los seis meses, si procede el pedido a la Corte.
¿Qué dice la defensa de los trabajadores?
El abogado de un grupo de víctimas, Alejandro Morales, argumenta que no están de acuerdo con la modulación pedida a la Corte por parte de Furukawa por varias razones. La principal, explica, es porque en la decisión judicial no existe la premisa de que la empresa deba seguir operando.
Ademá,s menciona que desde el año 2022, las haciendas están con prohibición de enajenación por el juicio penal de trata de personas con fines de explotación laboral.
El jurista también cuestiona que las haciendas Vilma e Isabel, que Furukawa quiere dar como forma de pago, estén siendo calculadas por un valor de 18.000 dólares y que aquellas que son productivas para la actividad comercial estén valoradas entre 6.000 y 8.000 dólares.
Y en cuanto a la propuesta de adaptar el monto restante de la deuda al valor presente, Morales estima que de 33 millones de dólares se pagarían hoy alrededor de 2.4 millones, lo cual no sería aceptado por las víctimas.
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Morales lamenta que desde que empezó la lucha de las víctimas, en 2018, 10 de ellas han fallecido mientras otras persisten con problemas intestinales, de espalda, tienen miembros mutilados, viven extrema pobreza, cada vez van envejeciéndose más, sin recibir aún todo lo dispuesto por la sentencia.
Otras medidas sin cumplir
La Corte determinó que, previo a 2018, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud debieron conocer la situación en la que se encontraban las y los abacaleros y arrendatarios y adoptar medidas al respecto y que las medidas adoptadas posteriormente fueron insuficientes.
Por eso, como reparación integral, la Corte también ordenó la creación de una política pública interinstitucional dirigida a atender y superar las causas estructurales que favorecieron la Servidumbre de la Gleba, a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y del Ministerio del Trabajo; la creación de un documental y de expresiones artísticas que generen memoria sobre los hechos; y reformas legales dirigidas a evitar la impunidad corporativa y eliminar las prácticas análogas a la esclavitud y otras formas precarias de trabajo agrícola existentes en el país. Esto aún no se ha cumplido.
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Hasta ahora, el Gobierno Nacional sí ofreció disculpas públicas el pasado 31 de mayo de 2025 y la Asamblea Nacional declaró el 21 de noviembre como Día de la Conmemoración de las Víctimas de Furukawa, tal como estaba dispuesto en la sentencia.
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