De acuerdo a lo denunciado en días anteriores por la Defensoría del Pueblo respecto a las irregularidades en la Compañía Furukawa y las condiciones de "esclavitud moderna" en las que mantenía a su personal, el Ministerio de Trabajo resolvió interponer dos multas equivalentes a $10,720.00 y otra por $21,440.00 a dicha compañía, además de disponer su clausura.
Estas multas fueron interpuestas por el Director Regional del Trabajo y Servicio Público de Guayaquil y por la Directora Regional Subrogante del Trabajo y Servicio Público de Portoviejo.
Según indican en un comunicado, a través de denuncias realizadas por trabajadores de la mencionada empresa, el Ministerio del Trabajo conoció sobre las presuntas irregularidades y vulneraciones laborales en las que incurria la compañía.
"Dispuso a las Direcciones Regionales del Trabajo y Servicio Público de Portoviejo y Guayaquil, de acuerdo a su jurisdicción, realicen inspecciones laborales en los establecimientos de dicha compañía, identificando varios incumplimientos a los derechos de los trabajadores como la falta de afiliación y contrato de trabajo, falta de pago de beneficios sociales, pagos inferiores respecto a la remuneración básica unificada, intermediación, condiciones de trabajo infrahumanas, trabajo infantil, insalubridad, riesgo laboral, falta de entrega de ropa y herramientas de trabajo, accidentes laborales, personas de tercera edad, utilidades no reconocidas, reglamento de trabajo obsoleto y no pago de horas extras, entre otros", indica el ministerio.
Explican que continuarán con los controles y verificaciones de cumplimiento de obligaciones laborales de todos los establecimientos de esta compañía.
La Defensoría del Pueblo reveló lo que considera un grave caso de "esclavitud moderna" que afecta al menos a 450 obreros y sus familias, que viven en condiciones deplorables en plantaciones bajo la propiedad de una empresa de capital japonés.
En un informe la institución nacional de derechos humanos dio cuenta de graves vulneraciones a decenas de familias, en su gran mayoría afrodescendientes, que viven y trabajan en plantaciones agrícolas del abacá, una planta parecida al banano cuyo tallo alberga una fibra muy resistente y cotizada en el campo industrial.
Desde que conoció del caso el 16 de octubre por parte de los propios afectados que hoy están asociados y representan a 450 trabajadores, la Defensoría efectuó tres misiones de verificación en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y de Los Ríos.
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