Jorge Glas fue traslado a Quito para asistir a audiencia por el caso 'Reconstrucción de Manabí'
El exvicepresidente del correísmo Jorge Glas, quien guarda prisión preventiva en Guayaquil desde abril del año pasado, fue trasladado a Quito para enfrentar un nuevo juicio.
[¡Estamos en WhatsApp! 📲 Empieza a seguirnos ahora🚀]El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) informó este jueves, a las 19h00, que el exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra encarcelado provisionalmente, fue trasladado a la ciudad de Quito para asistir a una audiencia de juicio.
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La diligencia, que se llevará a cabo este viernes 6 de junio, se desarrolla en el marco del caso “Reconstrucción de Manabí“, que investiga un presunto cometimiento de peculado por parte del otrora segundo mandatario al gestionar obras de reconstrucción ante la destrucción causada por el terremoto de azotó a Ecuador en el 2016.
Glas, sobre quien pesan dos condenas previas por corrupción, ha estado bajo prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad “La Roca”, situada en la ciudad de Guayaquil. El exfuncionario fue detenido al interior de la Embajada de México en Quito, en abril del año pasado, luego de haber recibido asilo diplomático.
De forma preliminar ha trascendido que el exvicepresidente arribó a la Cárcel 4 de Quito, en donde permanecería hasta que deba movilizarse al edificio de la Corte Nacional de Justicia, en cuyo octavo piso se desarrollará la audiencia.
¿Cómo ocurrió la presunta malversación de fondos?
Luego del devastador terremoto de magnitud 7.8 que sacudió las provincias de Manabí y Esmeraldas, dejando más de 670 muertos, el Gobierno acumuló más de 1.600 millones de dólares a través de una medida urgente que permitió acaparar donaciones y un 2% de impuesto al valor agregado (IVA) de forma temporal.
Según la Fiscalía, los fondos recaudados para las obras de reconstrucción habrían sido utilizados en proyectos que no cumplían con los criterios de necesidad, urgencia ni inmediatez. Esto supuestamente dio lugar a un presunto uso indebido de recursos públicos en beneficio de personas naturales y jurídicas, específicamente contratistas y fiscalizadores involucrados en contratos firmados en el contexto de la emergencia.
Así, se dio prioridad a 584 proyectos con un valor en conjunto de 367 millones de dólares pero, según el Ministerio Público, "varias de esas obras no tenían relación con el objetivo de la ley y no se ajustaban al contexto de la emergencia por el terremoto".
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"Los hoy vinculados habrían participado, con sus decisiones, en el inicio de procesos contractuales y solicitudes de asignación de fondos para la ejecución de dichos proyectos, algunos de estos ya conocidos (para la fecha de los hechos), pues habían sido planteados años antes de ocurrido el terremoto. Pese a eso, se les asignaron fondos provenientes de la denominada Ley de Solidaridad", sostiene el Ministerio Público.
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