La Fiscalía General del Estado concluyó este domingo 2 de agosto su alegato de cierre en el caso Triple A y solicitó al Tribunal declarar culpables a los 15 procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por el presunto delito de comercialización ilegal de hidrocarburos a gran escala.
Además, pidió que se imponga la pena máxima prevista en la ley con las agravantes correspondientes. La solicitud se realizó durante la audiencia que se desarrolla en el Complejo Judicial Norte, en Quito.
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En sus canales oficiales, la Fiscalía dijo que también precisó el grado de participación de los procesados. Siete personas naturales y seis personas jurídicas fueron señaladas como autores directos; otras siete como coautoras; y uno como cómplice.
Para este último se solicitó la aplicación de una atenuante trascendental. Esto es una figura legal que permite reducir la pena cuando hay circunstancias que disminuyen su responsabilidad penal.
Se requirió la disolución y clausura definitiva de las seis empresas procesadas, el pago de multas y una reparación integral, tanto material como inmaterial.
Las pruebas
En la audiencia, la fiscal Ruth Amoroso sostuvo que las pruebas presentadas evidencian un perjuicio superior a USD 61 millones para el Estado por la presunta venta ilegal de 22 millones de galones de combustible entre 2020 y 2024.
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La representante de la entidad afirmó que el combustible subsidiado habría sido comercializado fuera de los segmentos autorizados. La pena por este delito es de tres a cinco años de prisión, aunque la Fiscalía solicitó que se apliquen agravantes para elevarla a seis años y nueve meses.
¿Qué argumentó la Fiscalía en su alegato final?
En su intervención, la fiscal señaló que uno de los actores clave en las operaciones investigadas fue Aquiles Alvarez, quien se desempeñó como gerente y representante legal de Copedesa. "Se vendió a empresas fronterizas sin autorización y se produjo una desviación a segmentos diferentes", afirmó en la audiencia. Cada uno de los procesados debería pagar una multa equivalente a 12 salarios básicos.
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La investigación se originó por presunta comercialización irregular de diésel subsidiado mediante empresas relacionadas entre sí. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, que actúa como acusadora particular, dice que un grupo de compañías habría ocupado distintos eslabones de la cadena de comercialización para desviar el combustible, que se habrían ejecutado entre 2020 y 2024.
Tras la conclusión de los alegatos de la Fiscalía, el proceso continuará con las intervenciones de las demás partes antes de que el Tribunal emita su decisión.
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