Con el objetivo de que haya acceso a atención médica si llega a ser requerida con urgencia durante la audiencia de juicio en contra del exvicepresidente Jorge Glas, por el caso “Reconstrucción de Manabí“, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, recibió un pedido a través de un oficio para gestionar el despliegue de paramédicos y una ambulancia.
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El documento, remitido este jueves por la Sala Especializada de Lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen organizado, con miras a garantizar el “correcto desarrollo” de diligencia prevista a comenzar este viernes a las 08h30, solicita la puesta en marcha de acciones coordinadas con el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911.
Además, las autoridades judiciales que tratarán la causa pidieron que se habiliten espacios en el octavo piso de la sede de la CNJ, situada en Quito, donde se llevará a cabo la audiencia, para que testigos queden incomunicados. Asimismo, se requirió que haya provisión de alimentos para que los sujetos procesales no deban abandonar las instalaciones, advirtiendo que la diligencia puede durar varios días.
El exvicepresidente, sobre quien pesan dos condenas previas por corrupción, enfrentará un nuevo juicio por presuntamente cometer peculado al gestionar obras de reconstrucción en la provincia de Manabí, luego de que fue azotada por el terremoto de 2016.
Glas permanece encarcelado provisionalmente en la prisión de máxima seguridad “La Roca”, situada en la ciudad de Guayaquil, desde que fue detenido al interior de la Embajada de México en Quito, en abril del año pasado, luego de haber recibido asilo diplomático por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El juez a cargo de la audiencia preparatoria de juicio del caso ordenó a mediados del mes pasado el sobreseimiento de la causa para otros siete procesados. Solamente Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, enfrentará la diligencia junto al otrora segundo mandatario del correísmo.
Luego del devastador terremoto de magnitud 7.8 que sacudió las provincias de Manabí y Esmeraldas, dejando más de 670 muertos, el Gobierno acumuló más de 1.600 millones de dólares a través de una medida urgente que permitió acumular donaciones y un 2% de impuesto al valor agregado (IVA) de forma temporal.
Según la Fiscalía, los fondos recaudados para las obras de reconstrucción habrían sido utilizados en proyectos que no cumplían con los criterios de necesidad, urgencia ni inmediatez. Esto supuestamente dio lugar a un presunto uso indebido de recursos públicos en beneficio de personas naturales y jurídicas, específicamente contratistas y fiscalizadores involucrados en contratos firmados en el contexto de la emergencia.
Así, se dio prioridad a 584 proyectos con un valor en conjunto de 367 millones de dólares pero, según el Ministerio Público, "varias de esas obras no tenían relación con el objetivo de la ley y no se ajustaban al contexto de la emergencia por el terremoto".
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"Los hoy vinculados habrían participado, con sus decisiones, en el inicio de procesos contractuales y solicitudes de asignación de fondos para la ejecución de dichos proyectos, algunos de estos ya conocidos (para la fecha de los hechos), pues habían sido planteados años antes de ocurrido el terremoto. Pese a eso, se les asignaron fondos provenientes de la denominada Ley de Solidaridad", sostiene el Ministerio Público.