A pocos días de que terminara la instrucción fiscal, el caso Malvinas dio un giro inesperado con la cooperación eficaz a la que se acogieron cinco militares de los 17 investigados. Es así que las autoridades llevaron a cabo una segunda reconstrucción de los hechos, en la que se conoció que los cuatro menores del sur de Guayaquil fueron agredidos. Steven Medina (11 años), Josué Arroyo (14 años) Saúl Arboleda e Ismael Arroyo (15 años) recibieron golpes, patadas, correazos y hasta hubo un disparo para amedrentarlos tanto en el trayecto como en un camino de tercer nivel de la parroquia Taura, en el cantón Naranjal.
“Podrían constituirse en actos de tortura”, aseguró Abaraham Aguirre, abogado de los familiares de las víctimas, quien cree que los uniformados “actuaron con plena consciencia de sus actos”.
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Además, según su criterio, existió un procedimiento, por parte de los implicados, “plagado de irregularidades atentatorias a derechos”.
La cooperación eficaz no solo reveló las tortuosas horas que habrían vivido los menores, también un subteniente ha sido señalado por sus propios compañeros como uno de los principales responsables, mientras que un teniente coronel habría proporcionado coordenadas falsas.
En la segunda reconstrucción de los hechos, desarrollada entre el domingo 27 y el lunes 28 de abril, participaron cuatro militares que accedieron a contribuir con la justicia. Un quinto implicado también solicitó esta figura, pero no pudo ir a la pericia por trámites y logística.
Los implicados sorprendieron al dar detalles que no mencionaron en la primera reconstrucción, desarrollada a mediados de marzo. La nueva diligencia se realizó en tres puntos clave. En cada uno de estos sitios los menores de edad habrían recibido varias agresiones por cuatro uniformados.
Vistazo consultó con los abogados de dos cooperantes y la defensa de las familias de las víctimas, quienes coinciden en los siguientes datos.
El subteniente John Henrry Z. E. fue uno de los más nombrados por los cooperantes durante la segunda reconstrucción de los hechos, ya que él lideraba al grupo.
Según las versiones, la idea de trasladar a los chicos a Tuara habría venido del subteniente, pese a que las camionetas pasaron por un destacamento de la FAE cercano al aeropuerto de Guayaquil, según indican los abogados Vladimir Porojnia y Karla Montalvo, defensores del cooperante Christian Eduardo A.Q.
“En el trayecto del puente (donde aprehendieron a los menores) hacia la ruta a Taura pasaron por la Escuela de Infantería de la FAE. ¿Por qué no los dejaron ahí? La orden evidentemente vino del subteniente”, detalló Porojnia.
Agrega que es muy difícil para un soldado de un rango tan inferior, como su defendido, irse en contra de sus superiores. Christian Eduardo, por ejemplo, ni siquiera era agente operativo, sino técnico.
“No tenía una sola capacitación de derechos humanos y solo recibió la orden de escoltar al camión de la aduana. Una decisión de un militar superior arrastró a los demás, que tienen su grado de responsabilidad al no haberse enfrentado a su superior”, acepta Porojnia, quien aclara que su representado no ejecutó ninguna agresión a las víctimas.
De igual manera, Leonardo Toledo, abogado del cooperante Moisés Israel L. L., recalcó que el subteniente decidió trasladar a los menores a Taura y su defendido solo siguió la orden.
Sin embargo, avanzó que el testimonio de Moisés será clave en las próximas etapas del proceso judicial, ya que revelará detalles de las órdenes que dio el subteniente, pues iban en la misma camioneta.
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La instrucción fiscal debía terminar el 31 de marzo, pero se extendió por la vinculación del teniente coronel Juan Francisco I. M., quien no estuvo el día de la desaparición, pero ordenó un operativo en el sitio de la liberación tres días después.
Allí encontró vestimenta perteneciente a los chicos, que fue entregada a la Unase un día después del irregular operativo sin la debida cadena de custodia.
El abogado Vladimir Porojnia comentó a Vistazo que el teniente coronel indicó que en el sitio donde halló la ropa no había señal telefónica, pero en la segunda reconstrucción de los hechos se determinó lo contrario.
Ese mismo día Juan Francisco I. M. se habría reunido con el agente de la Unase, pero no entregó los elementos y esperó hasta el siguiente día.
Por el momento, Juan Francisco I. M. es procesado en calidad de cómplice, pero a diferencia de la mayoría de sus compañeros, que están en la cárcel de Latacunga, él se defiende en libertad.
Alrededor de la desaparición y asesinato de los chicos de Las Malvinas también hay una segunda investigación bajo el presunto delito de secuestro con resultado de muerte.
Bryan Vicente A. A., alias 'Momo’, fue señalado como la persona que habría ordenado el asesinato en un manglar de Tuara. Esta información salió de la versión inicial del testigo identificado como Luigi V., pero el ciudadano nunca dio su testimonio anticipado.
Alias ‘Momo’ fue detenido el 31 de marzo en el cantón Yaguachi y permanece en prisión preventiva. Las autoridades no han informado si es que el presunto líder criminal del grupo delictivo ‘Las Águilas’ está siendo procesado por el caso Malvinas o si han receptado su versión.
El jurista alerta que en este proceso no ha habido ningún avance. “La Fiscalía especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional no hizo ninguna pericia en tres meses”.
Por ello, la defensa presentó un oficio motivado a la fiscal general Diana Salazar para que se realicen las diligencias pertinentes. Además, ante la inacción del Ministerio Público en Guayaquil, el caso pasó a una unidad de Quito.