Caso Malvinas: 'No tenía voz de mando', dice abogado del militar de menor jerarquía
El jurista afirma que el soldado no aprehendió a ninguna de las víctimas, por lo tanto, 'no estaba en calidad de garante de derechos' y que solo cumplía órdenes.
“Solo cumplió una consigna, no aprehendió a los menores”, afirma el abogado de uno de los militares implicados en el caso Malvinas, en el que se investiga una presunta desaparición forzada de un niño y tres adolescentes de Guayaquil. La defensa dice que el soldado es inocente porque su rol fue dar seguridad a la camioneta y siguió órdenes de sus superiores.
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Se trata de Christian Eduardo A., el soldado de más baja jerarquía de los 16 uniformados investigados. Él llegó a la Base Aérea de Taura un día antes de aquel 8 de diciembre, cuando la patrulla militar atendió un supuesto robo en las inmediaciones de un centro comercial y luego trasladó a cuatro detenidos hasta la parroquia de otro cantón.
Vladimir Porojnia, abogado del soldado, comenta que su defendido “jamás” había participado en operativos en las calles de la ciudad, ya que es técnico de aviación.
Subraya que Christian Eduardo solo cumplió la orden de los altos mandos, quienes formaron una patrulla para escoltar un camión detenido por la Aduana.
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¿CUÁL FUE SU ROL DURANTE LA INTERVENCIÓN?
Alrededor de las nueve de la noche, Josué, Ismael, Steven y Nehemías, cuatro chicos del barrio Las Malvinas, estaban a la altura del Mall del Sur, ya que habían terminado un partido de fútbol.
En sus versiones a la Fiscalía los militares coincidieron que socorrieron a un grupo de personas, que habían reportado un robo. En ese momento la patrulla, conformada por dos camionetas, cambió su trayecto e intervino. Unos militares acudieron a detener a los chicos y otros se quedaron en los automotores y sus alrededores.
Ese habría sido el caso de Christian Eduardo A., quien custodió uno de los vehículos y controló el tránsito mientras sus compañeros detenían a los chicos.
“Él no realizó la aprehensión de ninguno de los menores, por lo tanto, no estaba en calidad de garante de derechos”, apunta el abogado Porojnia, quien añade que, al ser el militar de menor rango, “no tenía voz de mando” y en sus manos no estaba la decisión de poner a los aprehendidos ante la autoridad competente.
En redes sociales se difundió un video de la cámara de seguridad del sitio de la detención, en el que se observa que un ciudadano entrega a un grupo de militares a uno de los menores y luego lo suben a una camioneta blanca. Mientras en el balde permanecen tres uniformados, uno de ellos Christian Eduardo A., con dos muchachos más.
En el material se evidencia que el soldado le da una especie de golpe a uno de los menores que iba en el balde, sin embargo, el abogado Porojnia asegura que no fue una agresión y que fue un movimiento para que el aprehendido se acueste.
La patrulla tenía la intención de trasladar a los cuatro menores a una UPC de Virgen de Fátima, pero en el trayecto fueron reportados sobre disturbios en un Night Club de Taura. Tras intervenir en ese lugar, tomaron otra vía y en el camino se encontraron con un árbol.
El subteniente Zabala, a cargo del grupo, pidió que los otros militares se bajaran de las camionetas para ayudar a quitar el obstáculo. También ayudaron los cuatro aprehendidos y uno de ellos habría pedido que los dejaran libres. El líder de la patrulla accedió y los uniformados continuaron su camino a la base aérea de Taura. En cambio, los menores de edad se dirigieron al pueblo.
Ahora se conoce que Christian Eduardo A. fue quien pidió permiso al subteniente para que los menores ayudaran a remover el árbol. Su abogado mencionó que, tras esos hechos, su defendido pasó la noche en la base y no supo más información sobre los niños.
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¿DESAPARICIÓN FORZADA?
Vladimir Porojnia argumenta que no se podría configurar el delito de desaparición forzada para ningún militar por varios elementos, entre los cuales, destaca que los implicados no negaron la detención y, desde el inicio de la investigación, dieron información sobre el sitio donde dejaron a los chicos.
Aunque acepta que “hubo un error en el procedimiento” que siguió el subteniente, quien lideró la patrulla, al no llevarlos a una unidad policial, pero opina que podría ser una acción de culpa (falta de cuidado), más no de dolo (intención consciente de hacer algo).
Por ello, el abogado indica que Fiscalía “debería reformular cargos por otro delito” que se adecue a esa conducta y, en caso de hacerlo, Porojnia dice que su representado tampoco tendría implicación y las sanciones deberían ser para los uniformados que detuvieron a los chicos y el subteniente.
Sin embargo, Abraham Aguirre, defensa de las familias de las víctimas, comentó en una entrevista previa con Vistazo que todo policía y militar es garante de los derechos de una persona aprehendida.
Esto implica que se siga el debido proceso. “Debieron facilitar a las personas aprehendidas una llamada a un familiar o tener contacto con un abogado de confianza, situación que no fue así”.
Agregó que los militares “no pueden dirimir sobre la libertad de una persona, y peor aún llevarlos a varios kilómetros”, por lo que, “evidentemente estamos ante un rol de garantía que no fue efectivo y eso ha conllevado a que hoy cuatro niños estén muertos”.
“Fue una actuación dolosa que causó el lesionamiento de derechos”, subrayó Aguirre, quien niega que los militares hayan querido cooperar desde el inicio de las investigaciones, pues recién se tuvo información clara el 20 de diciembre, producto de las investigaciones de la Fiscalía.
Por otra parte, Aguirre recalcó que la Fiscalía ha dicho que no existe ninguna prueba de que los niños hayan ejecutado un robo como manifiestan los militares y que el hecho de haberlos dejados “sanos y salvos”, según la versión de los implicados, “no los deslinda de responsabilidad”.
El 24 de diciembre del 2024, las autoridades hallaron los cuerpos de Josué, Ismael, Steven y Nehemías en un manglar del estero Chabelo en Taura. Los cadáveres estaban incinerados. Aún no hay claridad sobre quienes efectuaron el asesinato, pero un testigo responsabilizó a un grupo criminal. Sin embargo, este sujeto no se presentó a dar su testimonio anticipado.
Se conoce también que la Fiscalía tiene dos investigaciones: una por desaparición forzada y otra por secuestro con resultado de muerte. El próximo 30 de enero se llevará a cabo la reconstrucción de los hechos, donde se espera que haya más detalles que esclarezcan el caso.
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