El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se refirió este jueves, en una entrevista al medio CNN, al un cuestionado operativo militar en la provincia de Sucumbíos, llevado a cabo el pasado 3 de marzo, en la que fue atacada una estructura que, según la versión del Gobierno, servía como base para el grupo criminal "Comandos de la Frontera".
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El bombardeo, llevado a cabo con apoyo logístico y armamentístico por parte de Estados Unidos, fue investigado por el medio estadounidense The New York Times, que concluyó que el supuesto campamento ilegal, situado en la comunidad de San Martón, era en verdad una finca dedicada a la producción de leche y ganado.
Las afirmaciones, rechazadas el pasado 25 de marzo por el Ministerio de Defensa ecuatoriano, estuvieron sustentadas en testimonios de residentes, trabajadores y líderes locales, incluido un hombre que se identificó como propietario del predio.
En ese entonces, la cartera gubernamental afirmó que la operación se desarrolló en una zona de seguridad del Estado, donde —según la normativa— no están permitidas construcciones no autorizadas en un radio de 40 kilómetros desde la frontera.
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En la entrevista con CNN, concedida en medio de un viaje oficial a Washington, en Estados Unidos, el mandatario reiteró, alineado a la versión oficial, que la zona bombardeada se hallaba dentro de un área conflictiva con nexos al narcotráfico.
El operativo cobró relevancia nuevamente esta semana, luego de que veinte congresistas demócratas enviaran este miércoles una carta al secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, advirtiendo sobre supuestas violaciones de derechos humanos en acciones militares emprendidas en conjunto entre Ecuador y Estados Unidos.
Dichos congresistas de la Cámara de Representantes pidieron la suspensión de las operaciones dentro del marco de cooperación bilateral en seguridad y advirtieron sobre una posible violación a las Leyes Leahy, que prohíben al Departamento de Estado y al Departamento de Defensa proporcionar asistencia militar a unidades de fuerzas de seguridad extranjeras cuando exista evidencia de que han cometido violaciones de derechos humanos.
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Además, exigieron que se ponga en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias bajo las que ocurrió el bombardeo, que el Gobierno ecuatoriano vinculó a la estrategia de combate en contra de Comandos de la Frontera, disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que opera en la Amazonía, dedicada principalmente a la minería ilegal y narcotráfico.