Unos lo celebraron, otros lo condenaron. El 12 de junio, un boletín de prensa de la Corte Constitucional anunció que “el voto de mayoría reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo”.
Los militantes LGBTI (Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans e Intersex) festejaron que nuestro país se convertía en el sexto en Latinoamérica en permitirlo de manera legal y expresa.
La misma medida causó el efecto contrario entre pastores evangélicos, grupos conservadores provida y jerarcas de la iglesia Católica.
“No nos preocupa lo eclesiástico, nos preocupa lo humano… No marginamos a nadie. Respetamos, pero también pedimos respeto para nuestras creencias”, dijo monseñor Eugenio Arellano, presidente de la Conferencia Episcopal.
Lo que nadie discute es que la Corte Constitucional es la máxima instancia legal en el país y sus decisiones son de aplicación inmediata e inapelables. A pesar de eso, el abogado Cristian Castelblanco, catedrático de la Universidad Católica de Guayaquil, cree que “ningún acto jurídico es definitivo” y se sustenta en que la misma Constitución de 2008 “permite la posibilidad de una Asamblea Constituyente”.
LEA ESTE REPORTAJE COMPLETO EN LA EDICIÓN IMPRESA DE REVISTA VISTAZO
