Locales cerrados y eventos suspendidos, la afectación económica tras atentados armados en Ecuador
Luego de que el último martes, Ecuador viviera una ola de atentados y terrorismo, que incluyó la toma del canal TC televisión por parte de un grupo delincuencial armado, las actividades comerciales se vieron afectadas.
Ante la crisis de seguridad, la medida inmediata del Gobierno ecuatoriano fue declarar estado de Conflicto Interno Armado. Esta disposición se sumó al estado de excepción decreatado el lunes 8 de enero, por 60 días, el cual incluye un toque de queda desde las 23:00 hasta las 05:00.
Lea también: ¿Quiénes son las víctimas de la ola de violencia del 9/1 en Ecuador?
Sin embargo, tras los hechos violentos en la ciudad de Guayaquil, lugar en donde está la sede de TC Televisión, el canal que sufrió el atentado, los ciudadanos prefirieron resguardarse en casa desde horas de la tarde, mientras el Ministerio de Trabajo dispuso la modalidad de teletrabajo en los casos que sean necesarios y el Ministerio de Educación la educación virtual hasta el viernes 12 de enero.
AFECTACIONES A TODOS LOS SECTORES
Durante un recorrido realizado por un equipo de Vistazo se pudo constatar que durante la mañana de este miércoles los locales comerciales de Guayaquil continuaban cerrados y la transportación pública era poco frecuente.
La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) se solidarizó con la situación que viven desde el año pasado todas las actividades económicas, y especialmente el comercio, en función a lo que ha ocurrido en cuanto a secuestros, extorsiones y cierres de negocios.
Solo por el delito de extorsión, en la zona 8 que contempla las ciudades de Guayaquil, Durán y Samborondón, la Policía registró en 2023 unas 5.786 denuncias, es decir, 4.283 más que en 2022.
Lea también: Así reclutan las bandas criminales a los jóvenes en Ecuador: "De esto no se sale con vida"
“En este momento más que preocupados por las pérdidas económicas, estamos dispuestos a apoyar la gestión del Gobierno Nacional para poder combatir este conflicto armado interno, que es el que realmente afecta el ecosistema de negocios”, dijo Juan Carlos Díaz Granados, director de la CCG.
Por ahora, explicó, las acciones se han enfocado en que la cadena productiva no pare, tal cual ocurrió durante el confinamiento por el covid-19. “Nosotros estamos dedicados a resolver en este momento todos los inconvenientes que se pueden generar para poder mantener la producción (...) pero el comercio no para, el comercio no se va a rendir ni se va a arrodillar. El comercio significa paz, vamos a desempeñar nuestro rol dentro de la sociedad y vamos a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para revertir esta situación”, expresó Díaz Granados.
Por su parte, al presidente de la Federación Nacional de Cámaras Nacionales de Turismo del Ecuador, Holbach Muñeton, le preocupa la suspensión de eventos programados como congresos, ferias y conciertos,
De hecho, el concierto de la agrupación colombiana Piso 21, organizado por la Fundación Ligra Pro y programada para este sábado 20 de enero en Guayaquil fue aplazado hasta junio próximo.
Muñeton agrega que con la disposición del estado de excepción, que incluirá los días del feriado de carnaval, se perderán entre US$ 80 y US$ 120 millones en el sector turístico. “¿Va alguien a ir a un a una ciudad en donde tenga que estar encerrado en el hotel sin hacer nada a las 11 de la noche?”, se cuestiona Muñeton.
También menciona que el sector de bares y discotecas está “aniquilado” por el horario de cierre obligatorio y la solución a futuro serían compensaciones tributarias o incentivos a todo el sector turístico.
Para María-Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), “es muy pronto para hablar de cifras o afectaciones, pero sin duda los últimos hechos nos afectan y nos alarman un poco más y no me refiero solo al sector productivo; tendrán repercusiones en todos los ámbitos impactando directamente en la crisis fiscal que vive el país”, sostiene.
La crisis de inseguridad que arrastra el Ecuador, resalta la vocera, ya ha dejado huella sobre el sector productivo: tres de cada 10 empresas han sido víctimas de robo con violencia; en general, los ingresos se redujeron en un 16% durante el 2023; y las empresas han incrementado en un 8% sus costos debido a los gastos en seguridad.
Lo que se podría prever, dice Jervis, es una profundización de estos impactos. Y a nivel fiscal, el Gobierno “necesitará recursos adicionales” para enfrentar el nuevo escenario mientras sigue acumulando atrasos que ya afectan la liquidez de la economía y la capacidad de consumo.
Del lado del sector inmobiliario también se avizoran afectaciones. Para Joan Proaño, vocero de Constructores Positivos, la declaración de conflicto armado interno, profundiza una inestabilidad que, desde mediados del 2022, ha ido postergando la decisión de compra de una vivienda o bien inmueble.
“Para este año esperábamos que se estabilizara el manejo de la seguridad y, con ello, alcanzar los niveles de reservas que el sector registró en el 2022”, explica Proaño.
Tras la reforma aprobada por la Asamblea para la devolución del IVA en las compras que realizan los constructores, el sector había adoptado también una visión más positiva.
Sin embargo, dice Proaño, la expectativa entra en un compás de espera. Solo si el país logra una estabilidad interna, añade, vendrá la motivación para adquirir una vivienda.
