El director general encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, defendió el pedido de información realizado al Banco Guayaquil y aseguró que se trata de un procedimiento “habitual” dentro de los controles para detectar riesgos de lavado de activos y crimen organizado.
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El Gobierno nacional, a través de la UAFE y en coordinación con la Superintendencia de Bancos, activó acciones de control sobre personas naturales vinculadas a la trama de delincuencia organizada en el denominado Caso Encuentro, con énfasis en operaciones registradas en el Banco de Guayaquil.
En torno al análisis financiero y detención del manejo del crimen organizado a través del lavado de dinero, Neira afirmó, en entrevista con Teleamazonas, que la coordinación entre la UAFE, la Superintendencia de Bancos y los oficiales de cumplimiento de bancos y cooperativas financieras forma parte de los mecanismos normales de supervisión financiera tanto en Ecuador como a nivel internacional.
“Públicas o no, las notificaciones ocurren siempre. Es importante que la ciudadanía entienda por qué se lo hace”, señaló Neira, al referirse a la polémica generada tras conocerse el requerimiento de información dirigido a la entidad bancaria.
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Según explicó, la solicitud tiene relación con uno de los procesados en el Caso Encuentro (Hernán Luque Lecaro, exdirector de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas), que actualmente enfrenta un proceso de extradición desde Argentina.
Neira indicó que esa persona trabajó anteriormente en el Banco Guayaquil antes de desempeñarse como servidor público, lo que motivó el requerimiento de información financiera.
“Esa es la conexión y por eso hay que hacer el pedido, porque ese era su lugar de empleo”, sostuvo.
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El director encargado de la UAFE insistió en que las acciones buscan fortalecer la detección temprana de operaciones sospechosas vinculadas al lavado de activos y al financiamiento de estructuras criminales.
“Necesitamos tener mucha más transparencia en el país”, concluyó el funcionario.
El objetivo es realizar una debida diligencia para determinar qué ocurrió, qué movimientos financieros se registraron y qué posibles esquemas se utilizaron por parte de las personas vinculadas al caso.
"Entonces este pedido de información se lo realizó a la banca nacional, pero en especifico al Banco de Guayaquil, ya que ellos formaron parte del gobierno de Guillermo Lasso", ha argumentado Neira.