La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, acusó este viernes 27 de febrero al Gobierno Nacional de un supuesto “ataque contra la ciudad” que impediría ejecutar obras.
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En la sesión del Concejo Municipal, Coronel denunció que el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) ha suspendido los procesos municipales por presuntas irregularidades, bajo el argumento de que "tenemos un alcalde criminal”, en referencia a Aquiles Alvarez, quien permanece en prisión preventiva por el caso 'Goleada'.
La alcaldesa subrogante detalló que existen 32 procesos suspendidos en las direcciones municipales y 13 en las empresas públicas.
Entre las obras afectadas mencionó la intervención integral de la avenida Juan Tanca Marengo; la fiscalización del soterramiento de cables en Urdesa; la reconstrucción del parque lineal Raúl Clemente Huerta; la reconstrucción del mercado Guasmo Norte; y obras eléctricas en la ciudadela Las Garzas.
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“Esto sí es un ataque contra la ciudad de Guayaquil. Reitero lo que dije hace dos semanas: si no era contra Guayaquil, ¿por qué tenemos 32 procesos detenidos solo en direcciones municipales? Esto se traduce en menos obras para la ciudad y menos servicios para la gente. Si no es contra Guayaquil, ¿qué significa esto?”, manifestó Coronel.
Durante la jornada, los ediles también expresaron su rechazo a la paralización de procesos en el GAD Municipal y sus empresas adscritas por parte del SERCOP.
Coronel también advirtió sobre la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) aprobada por la Asamblea Nacional.
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Según la alcaldesa subrogante, la normativa impulsada por el presidente Daniel Noboa, obligará a reducir iniciativas y personal por falta de recursos.
Por su parte, la concejala Emily Vera denunció el impacto de las reformas al COOTAD, que afectarían la atención a mujeres y niños víctimas de violencia, debido a la posible pérdida de psicólogos y abogados; así como los vacacionales deportivos y las escuelas para niños con discapacidades, al limitar el acceso a terapistas.
Además, denunció un hostigamiento institucional: “Esto se trata de que, en este momento, están atacando a la ciudad de Guayaquil”.
Añadió que, con la intervención del Gobierno Central, “se ha detenido todo”. “Hoy lo que están haciendo no es una afectación a la institucionalidad; es una afectación a 3 millones de personas que viven en Guayaquil (...) Lo que le molesta al Gobierno es que en Guayaquil hay un Municipio presente, que en Guayaquil se restituyen derechos”, sostuvo.