Los allanamientos ejecutados este miércoles por la Fiscalía General del Estado dentro del denominado caso Caja Chica provocaron una reacción de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, quien rechazó a través de X cualquier intento de involucrarla en la investigación y se refirió a declaraciones emitidas por la excandidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González.
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Aguiñaga afirmó que no conoce los motivos que dieron lugar a las diligencias realizadas en cuatro inmuebles —tres en Pichincha y uno en Guayas— ni cuenta con detalles sobre el alcance específico de la investigación, que indaga un supuesto esquema de lavado de activos y de financiamiento irregular en la campaña presidencial de 2023.
No obstante, fue enfática al cuestionar a González luego de que sugiriera públicamente que también se investigue a la prefecta.
Aguiñaga añadió que presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del movimiento Revolución Ciudadana el 18 de octubre de 2023, apenas tres días después de las elecciones, y que la rendición de cuentas se efectuó cuando ella ya no ocupaba ese cargo. “No firmé, no revisé y no avalé esas cuentas porque no era mi función”, puntualizó.
Dicho eso, recordó que el Código de la Democracia establece con claridad quiénes responden por los recursos de campaña. “La ley es clara, el código de la democracia establece que la responsabilidad sobre los fondos de campaña recaen exclusivamente, escúchese bien, exclusivamente en el candidato y en el responsable del manejo financiero. No así en el presidente del partido o movimiento”, subrayó.
La prefecta remarcó que no integró el buró de campaña y que, por tanto, no tuvo participación alguna en la administración de los recursos.
Entre los inmuebles allanados figuran domicilios vinculados a González y a la abogada Suad Manssur, cercana también al expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Aunque no hubo detenciones, la Fiscalía confirmó la incautación de teléfonos, pasaportes, memorias USB y documentación, mientras la causa se mantiene en investigación previa y bajo reserva.
Tras el allanamiento a su vivienda, González negó cualquier vínculo con financiamiento ilícito y apuntó al presidente Daniel Noboa. “A (Daniel) Noboa le dije (...) que si decía que había documentos de vinculación con el Cartel de los Soles, que los presentara (...) La RC no ha recibido un solo centavo (...) ni de Venezuela, ni de ningún cartel. Somos los únicos que presentamos los reportes de campaña a tiempo”, sentenció.
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El proceso se activó semanas después de que Estados Unidos ejecutara una operación en Caracas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien señala como presunto articulador de una red de corrupción asociada al narcotráfico regional.