El fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, se pronunció acerca de la polémica que envuelve al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, tras la denuncia de un juez anticorrupción sobre presiones en un caso de lavado de activos y narcotráfico.
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Este martes 30 de diciembre, Alarcón detalló en una entrevista radial que, existe una denuncia que está en investigación y que –por el momento– es reservada.
"El Fiscal de ese caso tendrá que hacer las diligencias necesarias para establecer o no la existencia de un delito", manifestó.
En cuanto a su designación como Fiscal General encargado, Alarcón defendió que fue una decisión del Consejo de la Judicatura, basada en parámetros emitidos por la Procuraduría General del Estado, que tienen que ver con su "experiencia y trayectoria en Fiscalía", luego de la renuncia del fiscal Wilson Toainga.
"Rechazo categóricamente las narrativas que tratan de posicionar que estoy 'coludido' con el Consejo de la Judicatura (...). No tengo conflictos de interés con nadie (...) Esta es una potestad de Fiscalía y la decisión fue tomada por parte de ese cuerpo colegiado", agregó Alarcón.
Por último, el fiscal general enfatizó: “Mi designación es legítima y seguiré actuando en los casos que se encuentran iniciados. Estoy completamente preparado para llevarlos a buen término, cumpliendo con mis funciones".
La supuesta injerencia en la justicia está relacionada con un proceso penal por lavado de activos que involucra a un ciudadano serbio vinculado en narcotráfico, Jezdimir Srdan, cuya defensa legal fue asumida por Dolores Vintimilla, esposa de Godoy.
A este caso se suman las presuntas presiones ejercidas por Henry Gaibor, entonces director provincial del organismo en Pichincha, para favorecer al extranjero. Además, el juez Carlos Serrano habría recibido amenazas directas por parte del serbio.
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El pasado 20 de noviembre, un tribunal del que formaba parte el juez Serrano sentenció de manera oral al serbio a diez años de prisión por lavado de activos.
En esa audiencia, Srdan habría hecho un gesto con su dedo que se interpretó como una amenaza de muerte, por lo que Serrano renunció a su cargo al no contar con seguridad policial, aunque la dimisión aún no ha sido aceptada.
Por este tema, Godoy deberá comparecer el próximo 5 de enero ante el pleno de la Asamblea Nacional, que lo convocó para que dé explicaciones sobre las presiones que denunció el juez anticorrupción Carlos Serrano.
Luego de varios días del escándalo judicial, el presidente Daniel Noboa, recomendó este lunes a Godoy que renuncie a la Presidencia del Consejo de la Judicatura, después de su comparecencia en la Asamblea, y se defienda de las acusaciones fuera del cargo.
Además, Noboa dijo que el juez Serrano puede asumir nuevamente la ponencia, "si así el Consejo de la Judicatura lo decide", para "sentenciar por escrito al narcotraficante" y le aseguró que "el Estado le dará toda la seguridad requerida".
"Lo que no podrá es evitar la ira de las mafias ocultas del poder", añadió el mandatario.