Caso Metástasis: juez dispone el embargo de dos viviendas de Daniel Salcedo en La Aurora
La Procuraduría General del Estado había solicitad el embargo del 50% de los derechos y acciones que posee Daniel Salcedo Bonilla sobre dos viviendas en La Aurora.
Un juez ordenó este lunes el embargo del 50% sobre dos bienes inmuebles de Daniel Salcedo Bonilla, sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión por el caso Metástasis, luego de que en julio de 2024 fuera declarado culpable de delincuencia organizada.
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La medida responde a una solicitud de la Procuraduría General del Estado, que mediante un escrito informó al magistrado sobre la existencia de dos viviendas de propiedad de Salcedo, ubicadas en urbanizaciones de la parroquia La Aurora, en el cantón Daule de la provincia del Guayas, y avaluadas en USD 162.446.
La funcionaria solicitó que la notificación del embargo se efectúe a través de la Policía Nacional a Maybillyne Xiomara G. L., excónyuge del sentenciado, en la dirección donde se ubican los inmuebles, y que sea designada como depositaria de la porción embargada.
Caso Metástasis
El caso Metástasis, por el que cerca de una veintena de personas han sido sentenciadas —entre ellas el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán—, se originó tras los hallazgos efectuados en los teléfonos celulares del fallecido narcotraficante Leandro Norero Tigua. El análisis de esos dispositivos permitió evidenciar la existencia de una estructura delictiva que operaba para obtener beneficios económicos, judiciales y penitenciarios.
Dentro de esta red —de la que formaba parte Daniel Salcedo, actualmente recluido en la Cárcel 4 de Quito— se detectaron acciones en distintos niveles del sistema de justicia, que involucraron a la Corte Nacional, cortes provinciales, juzgados de primera instancia y fiscalías en las provincias de Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
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En julio de 2024, el Tribunal de juzgamiento, conformado por tres magistrados, también ordenó el pago de USD 4 millones como reparación material. La sentencia establece que el monto deberá ser cancelado entre todos los condenados.
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