'Tenemos ribetes, fracturas no': Nina Pacari sobre el paro y el movimiento indígena
"Es fácil mencionar que está infiltrado el crimen organizado y que financia el paro. Siempre ha sido la salida de los gobernantes para tratar de deslegitimar al movimiento", dice la lideresa indígena y excanciller del Ecuador.
Un mes de paralización. Vidas perdidas. Heridos y detenidos. Incuantificables daños económicos, por la suspensión de la actividad productiva en Imbabura. Una grieta que se ahonda en un país polarizado. ¿Fue oportuno decidir una medida de protesta, si Ecuador vivía en medio de un contexto de combate a la inseguridad y el crimen organizado?
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La terminación del paro fue anunciada por la CONAIE el 22 de octubre. Las organizaciones locales de Imbabura desconocen esa decisión. Hay contradicciones.
Nina Pacari, nacida en Cotacachi, en 1961, es una dirigente histórica de la CONAIE. Ha sido asambleísta constituyente; canciller de la República y jueza constitucional.
En entrevista con Vistazo explica que, a su juicio, la llegada a Imbabura del convoy humanitario, llamado así por el gobierno, a mediados de octubre, aumentó el nivel de violencia.
“Por más que señalen que hubo violencia del otro lado, no es nada proporcional, el mal llamado convoy humanitario, que en verdad fue un convoy de la muerte, es una incursión a territorio indígena, racializando la identificación del objetivo como tal. Por eso el equipo jurídico está preparando acciones en el ámbito internacional”, advierte. “Desde la Constitución de 1998 se mantiene la premisa de que, para los uniformados, las órdenes superiores no eximen de responsabilidad a quien las ejecute”.
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Desde 1990, con la irrupción del movimiento indígena en la esfera pública, no ha podido encontrar un canal de expresión, más allá del repertorio del paro y levantamiento. ¿Por qué?
Está identificado cómo a nivel de política de gobierno, los recursos se orientaron para frenar al crimen organizado, frente a la necesidad de seguridad. Cuando se ha hecho la protesta ha quedado al descubierto que hay recursos, pero han sido usados para reprimir una protesta social como reacción al incremento de un derivado. No es la primera vez que el movimiento indígena asume una lucha que tiene proyección nacional, porque el aumento del diésel afecta a las economías populares, que incluyen a los sectores urbanos.
La protesta está en el marco de lo consagrado en la Constitución, para frenar el arbitrio de los gobernantes cuando se les va la mano. Detrás de estas expresiones de autoritarismo vemos dos cosas. Una incapacidad para combatir el crimen organizado. Y una incapacidad para reconocer la diversidad que implica para un gobernante entender a quiénes gobierna, a la diversidad que compone el país.
Pero en estos años, ¿qué nueva forma de expresión encontraron?
Uno de los primeros aportes es haber contribuido al debate de las identidades. Jorge Enrique Adoum sacó el libro “Señas de Identidad”, plantea que el movimiento indígena nos presionó para preguntarnos quiénes somos y cómo nos identificamos, esa pregunta se hizo al país. Eso permite conocer la diversidad del Ecuador. Hay pueblos ancestrales; otros constituidos desde el nacimiento del Estado en 1830 que excluyó a los indígenas pero que en 2008 se reconocieron.
Hay una ausencia de realidad, el gran problema es que a pesar de la Constitución de 2008 que reconoce la plurinacionalidad y la multiculturalidad no se hizo nada en el sistema educativo para reconocer esta diferencia. Las estrategias del reclamo son múltiples, levantamientos, marchas y caminatas, vigilias. La problemática de pueblos indígenas se resuelve en el ámbito nacional.
En un contexto de violencia, el crimen organizado puede permear las protestas. El gobierno afirma que el paro fue financiado por la minería ilegal. ¿Qué responde?
Es fácil mencionar que está infiltrado el crimen organizado y que financia el paro. Siempre ha sido la salida de los gobernantes para tratar de deslegitimar al movimiento como tal. Infiltrados tuvimos siempre. En la década de los 90s, cuando éramos dirigentes, en Chimborazo en la plaza de la Condamine, hubo desmanes en un mercado. Al identificar quién motivó lo detuvieron, era un infiltrado de la policía, recuerdo su apellido y de dónde era, un señor Zárate, de Colta.
La acusación de que estamos financiados no es nueva. No somos burócratas, vivimos de una economía desde los territorios, desde el levantamiento del 90 nos dicen que nos asesoran extranjeros, como si no tuviésemos propuestas, como si no pudiésemos generar los recursos, así fuera desde la economía informal, la economía de resistencia. Decir que estamos vinculados a recursos de explotaciones mineras son pretensiones para deslegitimar.
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El país vive un momento distinto al de 2019 y 2022. Impera una narrativa bélica, donde el distinto es enemigo. ¿Era prudente plantear un paro en un contexto tan complicado?
El Gobierno ha manejado el tema del miedo, por la inseguridad y los problemas que son lamentables para todo el país. El miedo ha sido la base para la declaratoria de conflicto interno. Todos dejamos pasar; si bien algunos no estuvimos de acuerdo, no hubo una voz ni desde el movimiento indígena, ni desde otro sector, para alertar. De las cárceles han salido narcotraficantes con apoyo de uniformados, esto muestra que no ha habido una política integral.
Frente al precio del diésel la protesta tuvo la motivación de otras movilizaciones, actuamos para defender una causa de alcance nacional.
Al final de cuentas, ¿el movimiento está fracturado?
No estamos exentos de las dificultades al interior, pero se subsanan con el tiempo, con el debate y la responsabilidad. Hacemos autocrítica después de cada medida. Convivimos pero somos diversos, nosotros lo reconocemos, es la autoridad la que no entiende esa diversidad. Tenemos ribetes sí; pero fracturas no.
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La Constitución de 2008 reconoció la plurinacionalidad. ¿Por eso se oponen a una nueva constituyente?
Muchos entendidos hablan que esta Constitución privilegia el hiperpresidencialismo. Es cierto, el presidente es el único que puede presentar la iniciativa legal respecto de materia económica; el legislativo no lo puede hacer. Que la Constitución actual reconozca el carácter plurinacional no es dádiva de ese ni de ningún gobierno, fue una plataforma de la CONAIE desde el primer levantamiento del 90.
Ahora bien, ni las políticas públicas pudieron desarrollar lo que implica ese carácter, en beneficio de los pueblos, ni creo que es el momento de un cambio constitucional.
Hay abuso del garantismo que consta en la actual Constitución. Cómo es posible que habiendo una sentencia de por medio, que la persona esté pagando la condena, se plantee un Habeas Corpus para sacarla en libertad. Éste es un recurso para personas detenidas arbitrariamente. Esa distorsión la usaron para el señor Jorge Glas. A la hora de invocar la han distorsionado, pero eso no amerita una reforma constitucional, sino una aplicación ética de la norma constitucional.
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