Más del 60 % de detenidos en flagrancia no va a prisión preventiva: autoridades alertan de impunidad judicial
Reimberg reiteró que en la lucha contra el crimen organizado se han encontrado con barreras en el procedimiento judicial.
La Comisión de Fiscalización y Control Político inició este lunes 16 de junio un proceso de investigación sobre ciertas decisiones judiciales que estarían favoreciendo la liberación de personas detenidas en flagrancia.
El ministro del Interior, John Reimberg, durante su comparecencia mencionó que las economías criminales mantienen a flote sus estructuras extendiendo sus tentáculos en los entramados judiciales de los que se benefician para lograr la impunidad.
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Reimberg reiteró que en la lucha contra el crimen organizado se han encontrado con barreras en el procedimiento judicial, con decisiones que permiten que los sospechosos de actos delictivos, detenidos en flagrancia, sean liberados o que reciban medidas sustitutivas a la prisión preventiva, acciones que frenan el trabajo del eje de seguridad.
“No puede haber paz sin justicia, ni justicia sin responsabilidad. Las decisiones judiciales no deben convertirse en un mecanismo para que delincuentes queden en libertad", enfatizó.
Reimberg recordó que de los 104 mil aprehendidos en los más de 900 operativos contra el crimen organizado, muchos están en libertad, recibieron medidas sustitutivas y han vuelto a cometer delitos; otros tienen arresto domiciliario, lo cual obliga a destinar más de 800 policías para su custodia.
Reveló que cuando se denuncia la actuación irregular de determinados jueces hay que esperar un año para saber qué pasa con en estos casos, mientras los delincuentes siguen libres. “Los jueces están llamados a estar del lado correcto del país y de la historia”, enfatizó.
Por su parte, el Comandante de la Policía, Pablo Dávila, aseguró que la institución cumple sus labores con un profundo compromiso con el país, a fin de proteger a la ciudadanía. Lamentablemente, los plazos prolongados y la carga documental que se necesita para legalizar las aprehensiones ante los operadores de justicia, complican el trabajo de la Policía Nacional.
Aseguró que cerca del 60 % de los más de 25 mil ciudadanos aprehendidos en flagrancia ha recibido medidas sustitutivas a la prisión preventiva, muchos de ellos tienen entre dos, cinco y más detenciones por las mismas causas, esta recurrencia en el cometimiento de delitos complica las estadísticas de violencia en el Ecuador.
El comandante dijo que esta situación evidencia la necesidad de revisar los procedimientos para calificar la flagrancia y las condiciones mínimas para dictar medidas sustitutivas, con el fin de sancionar oportunamente estas conductas y evitar la impunidad.
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