CAL califica a trámite proyecto urgente para desarticular la economía criminal
La propuesta enviada por Noboa a la Asamblea Nacional "establece medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a la desarticulación de las economías criminales.
En su primera sesión, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) dio paso al trámite del proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno. Esta propuesta fue remitida con carácter urgente en materia económica por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el 17 de mayo de 2025.
Lea también | Asamblea eligió al Comité de Ética con mayoría de ADN; RC abandonó el Parlamento
La resolución se tomó luego de que la Unidad de Técnica Legislativa presentara un informe no vinculante, en el cual se concluyó que el proyecto cumple con los requisitos formales exigidos por la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), tales como la exposición de motivos y una identificación precisa de las normas que se pretenden reformar o derogar.
“El CAL resolvió remitir el proyecto a la Comisión de Desarrollo Económico, que deberá iniciar su tratamiento y, en un plazo máximo de 10 días, presentar el informe para primer debate con las observaciones correspondientes”, informó la Asamblea Nacional en un comunicado.
El Legislativo agregó que dentro de dicho plazo se definirá un límite de al menos cinco días para que ciudadanos expongan sus argumentos, observaciones o aportes sobre la propuesta.
El proyecto de ley
La propuesta enviada por Noboa a la Asamblea Nacional, presidida por el oficialismo, "establece medidas financieras, tributarias y de seguridad destinadas a la desarticulación de las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno, así como a proteger a la ciudadanía, la sostenibilidad del sistema económico y financiero del Ecuador y la reactivación económica en zonas afectadas", señaló el Gobierno en un comunicado.
El proyecto de ley busca que se establezca la autorización del uso de la fuerza de las fuerzas gubernamentales como régimen propio distinto a la ley del uso progresivo de la fuerza, que se califique a los delincuentes como combatientes y que el presidente pueda anunciar que indultará a policías o militares procesados por hechos relacionados con el conflicto aún cuando los casos estén en investigación.
Además, propone medidas de protección de la economía formal a través de incentivos a la formalización, sostenibilidad fiscal en zonas críticas y recuperación de ingresos tributarios afectados por economías criminales.
El proyecto plantea reformas al código penal para tipificar como delito la pertenencia a un grupo armado organizado, lo que será sancionado hasta con 26 años de prisión, mientras que quienes dirijan o financien a estas organizaciones podrán recibir condenas de hasta 30 años de cárcel.
Asimismo, busca que se imponga "como regla general en delitos contra los bienes y personas protegidos por el derecho internacional humanitario durante el conflicto armado interno" la prisión preventiva para los detenidos y que los allanamientos se realicen con "control posterior de un juez".
También se detallan reformas a la Ley de Régimen Tributario y a otras normativas relacionadas con la seguridad y el lavado de activos.
Lea también | Correísmo se opone a ley urgente de Daniel Noboa y lo califica como 'una amenaza' a los derechos humanos
Noboa declaró en 2024 el estado de "conflicto armado interno" con el objetivo de combatir a las bandas del crimen organizado locales a las que pasó a denominar como "terroristas" y que son las principales causantes de la escalada de violencia que llevó al país a estar a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios en 2023.
.png)
.png)
