El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, afrontará este miércoles 5 de marzo la audiencia de vinculación en el caso 'Triple A', en el que se investiga un presunto delito de comercialización ilegal de combustible a través de la empresa Copedesa.
Sin embargo, a un día de la diligencia, el burgomaestre se vio obligado a cambiar de abogado y ha solicitado tiempo adicional al juez para la preparación de su defensa.
A través de un escrito dirigido al juez Jairo García, de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, Alvarez informó sobre la renuncia de su abogado Emilio Santacruz y la designación de su nuevo defensor, Geovanny Patricio Vásquez Barrios.
"Lamento mucho la situación por la que mi anterior abogado está pasando", expresó Alvarez en referencia a la decisión de Santacruz, quien argumentó que su renuncia se debió a presuntas amenazas en su contra. Ayer, el alcalde compartió un mensaje de su exdefensor en el que explicaba los motivos de su retiro del caso.
Ante este cambio, Alvarez solicitó al juez García que su nuevo abogado cuente con las garantías del debido proceso, incluyendo el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa. "Al nombrar a mi nuevo defensor, necesito que tenga las garantías básicas del debido proceso", enfatizó.
El alcalde también resaltó la relevancia del caso, asegurando que se trata de un proceso judicial sin precedentes en el país. "Haciendo eco de sus palabras, señor juez, en su providencia mencionó que el presente es un caso de gran conmoción nacional. Añado que es un caso de presión sin precedentes a nivel nacional", sostuvo.
Se espera que en la audiencia de este miércoles se defina la situación legal de Alvarez en el marco de la investigación por el caso Triple A que empezó con una denuncia, presentada el 12 de julio del año pasado, por parte de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, sobre una irregular distribución y comercialización de combustibles que causó perjuicio al Estado ecuatoriano.