Miles de personas marcharon en Madrid por el derecho a la vivienda y contra la especulación
Miles de personas se manifestaron por el centro de Madrid por el derecho a la vivienda y contra la especulación y para reclamar soluciones ante estos problemas.
Convocados por el movimiento Hábitat 24 un espacio compuesto por casi 40 colectivos de vivienda, vecinales, ecologistas, de derechos humanos, políticos, sindicales y sociales, manifestantes recorrieron los paseos del Prado y Recoletos desde Atocha a Cibeles y la calle de Alcalá hasta la Puerta del Sol.
Previo al inicio de la marcha, la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, recordó que las competencias en vivienda las tienen las comunidades autónomas y, en concreto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le dijo que, “viviendo en un ático que está pagado supuestamente por comisiones que vienen del Grupo Quirón, es difícil ver la globalidad del problema”.
García también afirmó que Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, “tienen la llave para que la vivienda pase de ser un bien especulativo, que es lo que han hecho ellos, a que sea un derecho, que es lo que dice el artículo 47 de la Constitución”.
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Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha comparado la actuación de los gobiernos autonómico y municipal de Madrid con el Ayuntamiento socialista de Barcelona, que “protege el parque inmobiliario comprando inmuebles para los vecinos de su ciudad” mientras en la capital de España el alcalde “lo que hace es vender los pisos a fondos de inversión”.
Tras casi dos horas de marcha, los convocantes hicieron sonar sus llaveros en la Puerta del Sol, ante la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Los convocantes han demandado, entre otras cosas, la ampliación y aplicación de la Ley Estatal de Vivienda, con especial urgencia en puntos como la imposición de precios máximos de alquiler.
Otras peticiones incluidas en el manifiesto son la creación de un plan a cinco años, suficientemente dotado, para la rehabilitación y mejora de viviendas; garantías legales de que no se producirán desalojos sin alternativa habitacional; y la suspensión inmediata de las licencias de pisos turísticos y el cierre de los que están en situación irregular, con la imposición de las sanciones que correspondan.
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