El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este 29 de abril que existen reportes de "varias fuentes" sobre una incursión de guerrilleros colombianos por la frontera norte, señalando que esta habría sido “impulsada por el Gobierno” de Colombia.
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La declaración se produce en el marco de una serie de acusaciones lanzadas por el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ha vinculado a Noboa con supuestos intentos de desestabilización política en su país.
Petro afirmó este martes que Noboa estaría “encargado de violentar a Colombia” y sugirió la existencia de una estrategia política articulada con el expresidente Álvaro Uribe para influir en el escenario electoral colombiano.
Además, el mandatario colombiano destacó que la Fiscalía de su país dispone de información por analizar sobre el asesinato del precandidato colombiano de derecha, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de julio del 2025, y denunció campañas destinadas a generar divisiones internas.
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En paralelo, ordenó investigar si los explosivos utilizados en un atentado ocurrido en el departamento del Cauca —que dejó 20 civiles muertos— provinieron de Ecuador, en una hipótesis que, según dijo, lo vincularía a intentos de sabotear las elecciones presidenciales en el vecino país, previstas para el 31 de mayo, en las que el delfín de Petro, el izquierdista Iván Cepeda, lidera las listas, seguido de los derechistas Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.
El cruce de declaraciones se da en un escenario marcado por la creciente presencia en el norte de Ecuador de disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como Comandos de la Frontera y el Frente Iván Ríos, que han ampliado su influencia en actividades criminales como la minería ilegal.
A la tensión se suma una escalada de sanciones comerciales iniciada en enero, cuando el Gobierno ecuatoriano impuso aranceles del 30% a productos colombianos bajo una “tasa de seguridad”, argumentando falta de control frente al crimen transnacional.
Las medidas derivaron en represalias, como la suspensión de la venta de energía eléctrica por parte de Colombia y la posterior decisión de Ecuador de elevar los aranceles hasta el 100%, en medio de advertencias de nuevas sanciones comerciales.
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El intercambio de acusaciones y decisiones refuerza un clima de confrontación entre ambos gobiernos, que ahora suma un componente de seguridad en la frontera norte, en un contexto regional marcado por la actividad de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.