La defensa del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro intentará que se desestimen los cargos de narcotráfico en su contra durante una audiencia prevista para este jueves en un tribunal de Nueva York, en un caso que se desarrolla en paralelo a un cauteloso acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela.
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La diligencia judicial tendrá lugar en un contexto marcado por el restablecimiento progresivo de relaciones entre Washington y Caracas. Uno de los puntos centrales será quién asumirá los costos de la defensa legal de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
El Gobierno venezolano ha expresado su intención de cubrir esos gastos, pero el abogado del exmandatario, Barry Pollack, deberá obtener previamente una autorización de la administración estadounidense debido a las sanciones vigentes contra Venezuela.
Pollack argumentó ante el tribunal que esta restricción vulnera el derecho constitucional de su cliente a contar con defensa legal, por lo que solicitó la desestimación del caso por razones procesales.
Maduro, quien gobernó Venezuela desde 2013, fue derrocado el 3 de enero en una operación estadounidense. Durante su mandato fue señalado por presunto fraude electoral en sus procesos de reelección.
El exmandatario permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus estrictas condiciones. Según fuentes cercanas, se encuentra aislado, sin acceso a internet ni a medios de comunicación, y solo puede comunicarse por teléfono con su familia y abogados durante breves periodos.
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“Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza”, aseguró Nicolás Maduro Guerra, hijo del exgobernante, quien añadió que su padre mantiene una rutina de ejercicio diario.
Maduro se declaró no culpable de los cargos en una audiencia previa y afirmó ser un “prisionero de guerra”. La acusación sostiene que habría colaborado con grupos guerrilleros y organizaciones criminales para traficar cocaína hacia Estados Unidos.
Según su defensa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había otorgado inicialmente licencias para recibir pagos, pero luego emitió una autorización modificada que impide financiar la defensa con fondos del Gobierno venezolano.
Los fiscales, por su parte, sostienen que incluso si existiera una vulneración de derechos —lo que niegan—, la desestimación del caso sería una medida desproporcionada.
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El proceso está a cargo del juez Alvin Hellerstein, de 92 años, mientras se espera un refuerzo de seguridad en el tribunal, como ocurrió en la primera comparecencia de Maduro.