Relatora de la ONU cuestiona que el gobierno de Ecuador intente amenazar a la Corte Constitucional
Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, expresó su preocupación y cuestionamiento por amenazas recibidas en la Corte Constitucional.
La Relatora de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados Independencia Judicial expresó hoy, miércoles 06 de agosto, su preocupación y cuestionamiento por las supuestas amenazas que ha recibido la Corte Constitucional del Ecuador (CCE).
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Juicio político a jueces
También indicó que los artículos incluían disposiciones que autorizaban la recopilación de inteligencia sin aprobación judicial previa, así como reformas dirigidas al financiamiento político ilícito y la justicia tributaria.
El lunes 04 de agosto la Corte Costitucional anunció su postura respecto a las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad, Inteligencia y Solidaridad.
Con respecto a la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, el Segundo Tribunal de la Sala de Admisión, dispuso la suspensión provisional de los artículos 6, 9, 13 y 14. Esos apartados hablaban sobre el reconocimiento del conflicto armado interno a través de decreto, la intervención a inmuebles sin orden judicial y el tema del indulto presidencial con efecto diferido.
Un día después El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó este martes 5 de agosto siete preguntas para una nueva consulta popular. Entre las propuestas, Noboa plantea que los jueces de la Corte Constitucional también puedan ser sometidos a juicio político.
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En medio de este supuesto hecho la relatora de la ONU resaltó que, según el derecho internacional y los estándares de derechos humanos, los jueces deben estar libres de presiones políticas o represalias y que las decisiones judiciales pueden y deben debatirse por vías legales, pero las amenazas son inaceptables.
El martes 06 de agosto, mediante una entrevista con el medio de comunicación Ecuavisa, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, calificó a la Corte Costitucional como “un organismo enemigo de la ciudadanía”, luego de que suspendiera provisionalmente artículos de tres leyes del presidente de la República, Daniel Noboa.
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