Ministra Rovira llama a la Corte Constitucional 'enemigo' de la ciudadanía y hace pedido sobre consulta popular
Según la funcionaria, “es evidente que algunos jueces actúan guiados por intereses particulares, lo cual no contribuye al bienestar de la ciudadanía”.
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, arremetió este martes 6 de agosto contra la Corte Constitucional (CC), a la que calificó como “un organismo enemigo de la ciudadanía”, luego de que suspendiera provisionalmente artículos de tres leyes del presidente de la República, Daniel Noboa.
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Rovira señaló que esa decisión afecta directamente a la población y a las fuerzas del orden. “La Corte le ha dado la espalda a la ciudadanía, sobre todo a la Policía y a los militares”, aseguró.
Según la funcionaria, “es evidente que algunos jueces actúan guiados por intereses particulares, lo cual no contribuye al bienestar de la ciudadanía”. Añadió que no es desconocido que “los jueces de la Corte tienen sus agendas propias, algo que no beneficia al país”.
La ministra insistió en que el papel de la Corte, como parte del Estado, es garantizar una cultura de paz y seguridad integral. “Las tres normas aprobadas por la Asamblea gozan de legitimidad y pasaron por la legalidad. Esto se trata de romper las cadenas de las mafias. La Constitución ordena garantizar la seguridad de la ciudadanía”, manifestó.
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Rovira defendió las acciones del Gobierno en materia de seguridad y subrayó que, mientras el Ejecutivo propone respuestas reales a las necesidades urgentes del pueblo, la Corte trata las decisiones como simples estadísticas. “Para las víctimas, es vida o muerte. Para la Corte, son estadísticas. La gente quiere instituciones que protejan”, sentenció.
En ese contexto, la ministra también se refirió a la consulta popular impulsada por el Gobierno. Anunció que entre hoy y mañana se enviarán las preguntas a la Corte Constitucional para su revisión, e hizo un llamado al organismo: “Esperamos que la Corte sea sensible al dolor ciudadano y no le dé la espalda a quienes exigen seguridad y justicia”.
La sexta pregunta de la consulta busca conocer si la población está de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser considerados como autoridades sujetas a juicio político.
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