EN UNA CADENA nacional, el gobierno anunció que este año se iniciará la construcción de un hospital oncológico en Quito, con un presupuesto de 150 millones de dólares. La iniciativa se presenta como promesa de modernización y compromiso con la salud pública. Sin embargo, detrás del anuncio surge una pregunta inevitable: ¿se trata de una decisión sustentada en prioridades sanitarias reales o de un gesto de alto impacto simbólico que elude la crisis estructural del sistema?
La contradicción es evidente. El mismo Estado que no ha logrado garantizar, de manera sostenida, la provisión de medicamentos básicos ni la continuidad de tratamientos para enfermedades crónicas relativamente simples, ahora pretende administrar uno de los campos más complejos, especializados y costosos de la Medicina: la oncología.
No se trata de un servicio que dependa únicamente de levantar paredes y adquirir equipos. La atención oncológica exige talento humano altamente especializado, formación permanente, investigación clínica, protocolos estrictos, tecnología de punta y cadenas de abastecimiento estables. Todo ello requiere algo que el sistema público ecuatoriano no ha podido consolidar: gestión eficiente, planificación de largo plazo y sostenibilidad financiera.
Por eso, el debate no debe instalarse en el terreno de la emotividad -nadie puede oponerse a mejorar la atención del cáncer-, sino en el de las políticas públicas responsables. El dilema no está en el objetivo, sino en el camino escogido para alcanzarlo.
Durante décadas, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA) ha cumplido precisamente esa función. Como organización no gubernamental, ha atendido a miles de pacientes, incluidos los derivados por el propio Estado, con reconocimiento generalizado por su capacidad técnica, su vocación de servicio y su estabilidad administrativa. No arrastra escándalos estructurales ni crisis que pongan en duda su legitimidad.
Frente a esa realidad, cabe una pregunta incómoda: ¿No sería más racional que el Estado garantice pagos oportunos a SOLCA y, paralelamente, destine esos 150 millones de dólares a modernizar hospitales públicos ya existentes, ampliar su cobertura y asegurar insumos básicos?
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Antes de aspirar a gestionar lo extraordinariamente complejo, el Estado debería demostrar que puede hacer bien lo elemental. Sin resolver los déficits esenciales del sistema, cualquier mega infraestructura corre el riesgo de convertirse en un monumento a la improvisación.
La política pública no se mide por el tamaño de los anuncios, sino por la coherencia de sus prioridades. Y hoy, en salud, esa coherencia sigue pendiente.
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