Un Gobierno en aprietos
Es momento de que Lasso reorganice buena parte de su gobierno, comenzando por impulsar una gran auditoría desde la Secretaría de la Administración Pública que, evidentemente, no hizo lo suficiente para que las denuncias (públicas e internas) que ya se dieron en este caso hace no menos de seis meses, fueran enfrentadas de inmediato.
Varias veces en esta columna de opinión, se ha sostenido que la única variable de gobernabilidad que el presidente Guillermo Lasso tiene bajo su control es el buen desempeño de la Administración Pública. Que ante la imposibilidad de que las élites ecuatorianas lleguen a acuerdos sensatos, así como ante su propia decisión de pelear solo y en minoría dentro del Parlamento, no había otra salida que liderar un gobierno impecable; el único trampolín posible, incluso, para una eventual reelección.
Sin embargo, hay recientes denuncias de una presunta red de corrupción en empresas públicas, arrastrada por años y cuyos tentáculos habrían tocado el entorno presidencial, que de no ser disipadas de forma contundente pueden significarle a Lasso un duro golpe político.
Hasta ahora, la lógica de la conspiración expresada en una Asamblea obstruccionista y en un movimiento indígena pendenciero, así como la debilidad manifiesta del Estado en el combate al crimen organizado habían creado cierto consenso nacional a favor del Gobierno y su continuidad. Pero las cosas podrían cambiar si el desgaste presidencial surge por factores internos, producto de casos de corrupción no identificados a tiempo o, lo que sería peor, tolerados desde hace rato.
Tal y como ocurrió con el caso Bernal, a mediados de septiembre, el Gobierno volvió a reaccionar de forma tardía y equivocada. En cualquier manual de crisis, los expertos dicen que las primeras horas son vitales. Tropezó el Mandatario cuando prefirió cerrar filas por su cuñado Danilo Carrera, hombre muy cercano a su entorno afectivo, en lugar de priorizar el interés del Estado.
Con un viaje al exterior de por medio, la noche del domingo 22 de enero, Lasso reencausó el mensaje oficial. Claro, audios mucho más comprometedores aparecieron en torno a Hernán Luque, exfuncionario del Gobierno y exejecutivo del Banco Guayaquil. Y como desde Europa hubo que pedir a la Fiscalía investigar este escándalo, Lasso dejó en segundo plano sus afectos familiares para recuperar el prestigio de su mandato.
Ayudó la firmeza de la entrevista del domingo. Habló de que la corrupción incluso compromete la agenda periodística del medio digital La Posta que destapó, con una innecesaria carga subjetiva, denuncias que debían tratarse con absoluta responsabilidad.
Pero no significa que, por una hora ante las cámaras en un saludable ejercicio de rendición de cuentas, el país puede virar la página. Es más, el Presidente se vuelve a equivocar ya que un golpe de imagen de este tipo no se soluciona con el paso de los días a la espera de una investigación fiscal que quién sabe cuándo arrojará algún resultado.
Es momento de que Lasso reorganice buena parte de su gobierno, comenzando por impulsar una gran auditoría desde la Secretaría de la Administración Pública que, evidentemente, no hizo lo suficiente para que las denuncias (públicas e internas) que ya se dieron en este caso hace no menos de seis meses, fueran enfrentadas de inmediato. Como buen católico, Lasso sabe que la omisión también es un pecado y que, dentro de su entorno presidencial, más de un funcionario debe optar por la confesión. Sin una depuración urgente, Lasso no podrá expiar, ante la población, los errores de su gobierno.
