La Asamblea Nacional conocerá este miércoles 21 de mayo a las 16h10 la renuncia de Diana Salazar al cargo de Fiscal General del Estado, mientras que el Gobierno de Estados Unidos elogió su gestión y reiteró su compromiso con la justicia y la lucha contra el crimen organizado en Ecuador.
La sesión No. 3 del Pleno se realizará en el salón Nela Martínez, tras la convocatoria del presidente del Legislativo, Niels Olsen, quien describió a Salazar como "una mujer que sirvió al país con carácter, firmeza y tenacidad durante seis años", y además le deseó "serenidad y plenitud en esta nueva etapa, junto a lo más importante: su familia".
En el tercer punto del orden del día consta el conocimiento y resolución del oficio suscrito por Salazar, con fecha 20 de mayo de 2025, mediante el cual presenta su dimisión "irrevocable" conforme al numeral 2 del artículo 290 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Tras conocerse su dimisión, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador difundió un mensaje oficial en el que destacó que Salazar “demostró un firme compromiso con la justicia” y recordó que en 2021 fue galardonada con el Premio Internacional a los Campeones Anticorrupción, por su lucha contra la corrupción y su aporte a la transparencia en el país y la región.
“Estados Unidos sigue firme en su compromiso de colaborar con las instituciones del Estado ecuatoriano para asegurar la justicia y luchar contra las organizaciones criminales transnacionales que amenazan la seguridad de nuestros dos pueblos y de la región”, expresó la representación diplomática.
Salazar ejercía funciones prorrogadas a la espera de que se designe a su sucesor. No obstante, en su lugar asumirá de forma temporal el fiscal general subrogante, Wilson Toainga.
La renuncia de Salazar se produce tras seis años al frente de la Fiscalía General, en los que encabezó investigaciones emblemáticas contra la corrupción y el crimen organizado. Durante ese tiempo enfrentó críticas constantes del correísmo, cuyos líderes la acusaron de utilizar la justicia como mecanismo de persecución política.
Su nombre ganó relevancia internacional al ser incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo publicada por la revista Time en 2024. Lideró el caso Sobornos 2012–2016, que derivó en la condena de ocho años de cárcel por cohecho e inhabilitación política del expresidente Rafael Correa, quien la ha acusado públicamente de encabezar una campaña judicial en su contra.
La exfiscal ha anunciado que saldrá del país en busca de mayor seguridad, especialmente tras haber sido madre en los últimos meses.
Mientras que, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ya anunció que el proceso para designar a la nueva autoridad de la Fiscalía General empezará de inmediato.