El confinamiento producto de la pandemia del Covid-19, generó un cambio en los hábitos de consumo de contenidos audiovisuales bajo demanda. Desde entonces, las plataformas streaming de video han experimentado un crecimiento exponencial.
Se estima que, durante el 2024, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, entre otras, acumularon alrededor de 1.800 millones de suscriptores a nivel global, con proyecciones al alza para los próximos años.
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El mercado ecuatoriano también refleja esta realidad. La demanda de este servicio ha aumentado, reemplazando en gran medida a la televisión pagada. Diego Merchán, docente de la carrera de multimedia y producción audiovisual de la UTEG, señala que la libertad de elegir contenidos sin horarios fijos, las mejoras en el acceso a internet y los costos accesibles están impulsando al segmento.
“El factor económico influye, sobre todo porque hay opciones de planes compartidos o promociones con operadoras móviles, también pesa mucho el cambio en los hábitos de consumo especialmente entre los jóvenes”, detalla.
Pero así como crece la demanda de streaming, también los hace la piratería de contenidos audiovisuales. Según el reporte de la organización ALIANZA, correspondiente al cuarto trimestre de 2024, Ecuador lidera este consumo ilegal en la región, con un 32 por ciento de los hogares accediendo a contenido no autorizado, superando a Perú (29 por ciento), Colombia (26 por ciento) y Venezuela (25 por ciento).
Patricia Falconí, presidenta ejecutiva de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), comenta que este delito representa el 26 por ciento de la señal de televisión paga en el territorio nacional, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de los operadores y genera una competencia desleal.
Además del perjuicio económico, la piratería digital implica graves riesgos para los usuarios: calidad de servicio nula, posibilidad de interrupción repentina del contenido, exposición a malware, robo de credenciales bancarias y contenido inapropiado sin filtros.
En el país ya se han dado pasos para enfrentar estos casos. En 2018 se emitió la primera sentencia por piratería de señal de televisión satelital, y en 2019 se ejecutó el primer bloqueo de IPs en Ecuador. Según el Código Orgánico Integral Penal, el acceso no consentido a un sistema de telecomunicaciones se sanciona con prisión de tres a cinco años.
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Falconí considera que es necesario avanzar hacia una política pública que incluya una actualización normativa para cerrar brechas legales; campañas de educación sobre los riesgos de consumir servicios ilegales; reducción de cargas regulatorias y tributarias a los operadores legales; bloqueo y desbloqueo de IPs dinámicos, reduciendo tarifas y simplificando los procesos de solicitud ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, entre otras acciones.
De acuerdo a la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, en el país están registradas 1.429 plataformas digitales, en su mayoría sin presencia local, incluyendo a las de streaming, así como aplicaciones de música, videojuegos, entre otras. Sin embargo, existen operadoras y desarrolladores de contenidos locales que han empezado a abrirse paso en la industria como CNT Play, Speedy TV y Cholo+.
Diego Merchán considera que este sector podría generar beneficios para el Estado por medio de una adecuada regulación, como por ejemplo obtener ingresos a través de impuestos o acuerdos con las plataformas que operan en el país.
Asimismo, se pueden abrir oportunidades para que los creadores nacionales produzcan contenidos que se distribuyan a través de las mismas lo que impulsaría la cultura, el empleo y el desarrollo del sector o motivar mejoras en la infraestructura digital.