Enfoque

Demanda de contenidos de streaming se incrementa, al igual que la piratería

En Ecuador están registradas 1.429 plataformas digitales, incluyendo las que brindan contenido vía streaming. En los últimos años, la demanda de este tipo de entretenimiento ha experimentado un crecimiento acelerado.

El confinamiento produc­to de la pandemia del Co­vid-19, generó un cambio en los hábitos de consumo de contenidos audiovisuales bajo deman­da. Desde entonces, las plataformas streaming de video han experimentado un crecimiento exponencial.

Se estima que, durante el 2024, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, entre otras, acumularon al­rededor de 1.800 millones de suscrip­tores a nivel global, con proyecciones al alza para los próximos años.

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El mercado ecuatoriano también refleja esta realidad. La demanda de este servicio ha aumentado, reempla­zando en gran medida a la televisión pagada. Diego Merchán, docente de la carrera de multimedia y producción audiovisual de la UTEG, señala que la libertad de elegir contenidos sin horarios fijos, las mejoras en el acceso a internet y los costos accesibles están impulsando al segmento.

“El factor económico influye, sobre todo porque hay opciones de planes compartidos o promociones con ope­radoras móviles, también pesa mucho el cambio en los hábitos de consumo especialmente entre los jóvenes”, detalla.

Pero así como crece la demanda de streaming, también los hace la piratería de contenidos audiovisua­les. Según el reporte de la organización ALIANZA, correspondiente al cuarto trimestre de 2024, Ecuador lidera este consumo ilegal en la región, con un 32 por cien­to de los hogares accediendo a conteni­do no autorizado, superando a Perú (29 por ciento), Colombia (26 por ciento) y Venezuela (25 por ciento).

Patricia Falconí, presidenta ejecu­tiva de la Asociación de Empresas de Teleco­municaciones (Asetel), comenta que este delito representa el 26 por ciento de la señal de televisión paga en el territorio na­cional, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de los operadores y genera una competencia desleal.

“El mercado de proveedores ilega­les mueve cerca de 4.800 millones de dólares en la región y en Ecuador las pérdidas anuales para operadores se estiman en 63 millones, mientras que las programadoras pierden 34 millo­nes”, manifiesta.

Piratería digital

Además del perjuicio económico, la piratería digital implica graves riesgos pa­ra los usuarios: calidad de servicio nula, posibilidad de interrupción repentina del contenido, exposición a malware, robo de credenciales bancarias y contenido inapropiado sin filtros.

En el país ya se han dado pasos para enfrentar estos casos. En 2018 se emitió la pri­mera sentencia por piratería de señal de televisión satelital, y en 2019 se ejecutó el primer bloqueo de IPs en Ecuador. Según el Código Orgánico Integral Penal, el acceso no consentido a un sistema de telecomunicaciones se sanciona con prisión de tres a cinco años.

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Falconí considera que es necesario avanzar hacia una política pública que incluya una actualización normativa para cerrar brechas legales; campañas de educación sobre los riesgos de con­sumir servicios ilegales; reducción de cargas regulatorias y tributarias a los operadores legales; bloqueo y desblo­queo de IPs dinámicos, reduciendo tarifas y simplificando los procesos de solicitud ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, entre otras acciones.

“La piratería no solo afecta a las empresas, también impacta la econo­mía del entretenimiento, limita el de­sarrollo de nuevas tecnologías, reduce la inversión y vulnera los derechos de los usuarios y creadores de contenido. Combatirla requiere de una estrategia nacional y regional sostenida”, enfatiza.

De acuerdo a la Asociación de Empresas de Teleco­municaciones, en el país están registradas 1.429 plataformas digita­les, en su mayoría sin presencia local, incluyendo a las de streaming, así co­mo aplicaciones de música, videojue­gos, entre otras. Sin embargo, existen operadoras y desarrolladores de con­tenidos locales que han empezado a abrirse paso en la industria como CNT Play, Speedy TV y Cholo+.

Diego Merchán considera que este sector podría generar beneficios para el Esta­do por medio de una adecuada regu­lación, como por ejemplo obtener ingresos a través de impuestos o acuerdos con las plataformas que operan en el país.

Asimismo, se pueden abrir oportunidades para que los creadores nacio­nales produzcan contenidos que se distribuyan a través de las mismas lo que impulsaría la cultura, el empleo y el desarrollo del sector o motivar mejo­ras en la infraestructura digital.

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