Las fuerzas de seguridad trabajarán "para evitar atentados contra la infraestructura de sectores estratégicos", un delito sancionado con prisión de 7 a 10 años.
El cambio en el gabinete del mandatario se produce tras una crisis en el sector eléctrico debido a un estiaje prolongado que forzó al Ejecutivo a programar racionamientos de energía.
