Fiscalía allana el Municipio de Guayaquil por presunta falsificación de documento vinculado a Aquiles Alvarez
En imágenes difundidas se observa a funcionarios revisando oficinas dentro del cabildo, incluida la del alcalde Aquiles Alvarez.
La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, realiza un allanamiento en las instalaciones del Municipio de Guayaquil, la tarde de este jueves 2 de abril.
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En imágenes difundidas se observa a funcionarios revisando oficinas dentro del cabildo, incluida la del alcalde Aquiles Alvarez.
Sobre el motivo del operativo, la Fiscalía General del Estado señaló que se trata de “un acto urgente”, por lo que ejecuta un allanamiento en las dependencias del Municipio de Guayaquil, en el marco de una investigación previa iniciada en marzo de 2026 por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso.
Durante la intervención, se incautó documentación relacionada con el delito investigado. Las diligencias se ejecutaron en varias direcciones municipales, entre ellas Despacho, Talento Humano y Secretaría Municipal.
La diligencia estaría relacionada con una denuncia sobre un supuesto oficio que contendría una firma falsificada del alcalde Aquiles Alvarez, con el que habría solicitado una licencia para mantener el cargo mientras cumple prisión en la cárcel El Encuentro.
Jueces revocan prisión en caso Goleada
La diligencia ocurre horas después de que la Sala de Apelación de la Corte Provincial de Pichincha revocara la prisión preventiva contra el burgomaestre dentro del denominado ‘caso Goleada’, por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
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En su resolución, los magistrados dispusieron a favor de Aquiles Alvarez, sus hermanos Xavier y Antonio Alvarez, así como de César Bravo y Fernando Peñaherrera, la aplicación de medidas alternativas como presentaciones periódicas ante la autoridad judicial y la prohibición de salida del país para todos los procesados.
No obstante, el Alcalde continuará en la cárcel El Encuentro debido a otros dos procesos en su contra, entre ellos el caso Triple A por un supuesto contrabando de combustible, así como por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad, tras haberse retirado el grillete electrónico.
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