Asamblea exhorta a la Corte Constitucional cumplir la ley y se une al Gobierno en solicitud de diferir audiencia
"Alertamos al país que la Corte Constitucional ha reducido los términos legales establecidos para responder", comunicó el Legislativo.
La Asamblea Nacional, presidida por Niels Olsen, solicitó a la Corte Constitucional el diferimiento de una audiencia sobre la constitucionalidad de la Ley de Integridad Pública, una de las tres normativas impulsadas por el presidente Daniel Noboa que el alto tribunal suspendió parcialmente.
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"Alertamos al país que la Corte Constitucional ha reducido los términos legales establecidos para responder y defenderse de forma apropiada", señala el comunicado.
El Legislativo señaló que, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, se otorgan 15 días para preparar una defensa, en concordancia con el derecho al debido proceso establecido en el artículo 76 de la Constitución.
Sin embargo, denunció que en uno de los casos dicho término fue disminuido hasta en siete al convocar de manera anticipada a audiencia pública y, en otras demandas se concedió únicamente tres días para la contestación, reduciendo doce días a lo que establece la ley.
Según el Legislativo, "esto afecta la posibilidad de presentar una respuesta a la altura de la exigencia técnica que el caso amerita y de la responsabilidad social que un asunto de esta naturaleza representa para el país".
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Por esta razón, la Asamblea Nacional anunció que presentará la solicitud de diferimiento en los tres casos, con el fin de posponer la audiencia fijada para el 18 de agosto y también se amplíen los términos legales para dar contestación a las denuncias de la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero y Solidario y Federación de Asociaciones de Docentes de la Universidad Central del Ecuador y otras, en contra de la Ley de Integridad Pública.
La Presidencia de la República también ingresó un pedido similar. El secretario jurídico, Stalin Andino, solicitó suspender la diligencia para preparar su defensa, ya que en el proceso se acumularon demandas presentadas por la Asociación de Jueces y por servidores universitarios.
La Corte Constitucional anunció la semana pasada su decisión de suspender de manera provisional los efectos de las polémicas leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública, recientemente aprobadas por el Legislativo.
La suspensión parcial de esas leyes llevó al presidente a encabezar este martes una marcha en contra de los nueve jueves de la Corte Constitucional.