Aprueban Ley Antimafias: penas de hasta 60 años de cárcel y nuevas sanciones contra el crimen organizado
Contempla mecanismos de venta anticipada o utilización de los bienes vinculados al crimen organizado
Con 85 votos a favor, de los 146 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes 9 de noviembre de 2026 la Ley Antimafias, una normativa que establece nuevas sanciones contra el crimen organizado y penas de hasta 60 años de privación de libertad en Ecuador.
El Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado Frente al Crimen Organizado, conocido como Ley Antimafias, fue impulsado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno (ADN), con el fin de atacar todas las formas que tiene el crimen organizado para operar.
Entre las disposiciones aprobadas consta la posibilidad de vender anticipadamente o destinar a otros usos las casas, vehículos y demás bienes incautados al crimen organizado, a fin de evitar su deterioro y afectar las fuentes económicas que sostienen a estas organizaciones.
"Actualmente por la casa incautada o el carro sin uso, los ecuatorianos seguimos pagando la seguridad y el mantenimiento", sostuvo Mancheno durante el debate legislativo.
La presidenta del Legislativo destacó que la elaboración de la propuesta contó con la cooperación de Italia, país con experiencia en el combate a organizaciones mafiosas.
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Otros cambios que contempla la Ley Antimafias
Entre los principales cambios constan reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para ampliar las herramientas de investigación y persecución de las estructuras criminales; así como precisar las responsabilidades de quienes las dirigen, financian, integran o colaboran con ellas.
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La propuesta incorpora los delitos de desplazamiento interno forzado y confinamiento forzado, con el propósito de sancionar las acciones mediante las cuales las organizaciones criminales obligan a personas y comunidades a abandonar sus hogares o restringen su movilidad para ejercer control territorial.
Entre las modificaciones también consta un régimen excepcional de acumulación de penas para tres o más delitos dolosos, autónomos e independientes, que podrá alcanzar hasta 60 años de privación de libertad. Esta medida busca que las sanciones correspondan a la gravedad de las infracciones, sin permitir condenas indefinidas.
Se incorpora la cooperación eficaz, con beneficios condicionados a la entrega de información verificable y resultados concretos para identificar responsables y desarticular organizaciones criminales, sin aplicarse a delitos contra la vida ni contra la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes.
En materia de hidrocarburos, endurece las sanciones por almacenamiento, transporte, envasado, distribución, comercialización y refinación ilegal de petróleo, combustibles y sus derivados, así como por su sustracción y extracción clandestina.
También establece agravantes cuando estas actividades financien organizaciones criminales, afecten infraestructura o el ambiente, o pongan en riesgo la vida de las personas.
Además, se establecen mecanismos de protección de la identidad de los jueces que conozcan causas de delincuencia organizada; así como la inhabilitación profesional de abogados y contadores que faciliten u oculten dolosamente delitos, mediante sentencia ejecutoriada.