Este lunes 24 de agosto, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aprobó, con ocho votos, el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, denominado “Ley Antimafias”.
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La iniciativa, que fue presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, tiene como objetivo fortalecer las capacidades jurídicas e institucionales del Estado para prevenir la delincuencia organizada, investigar y juzgar a sus responsables, así como debilitar los recursos, la infraestructura y los medios logísticos utilizados para sostener su funcionamiento y permanencia.
“Este es un día importante para la seguridad nacional, puesto que el informe para primer debate de la 'Ley Antimafias' constituye un instrumento vital en la lucha contra el crimen organizado”, destacó Inés Alarcón, presidenta de la Comisión.
Estas son las reformas que plantea la 'Ley Antimafias'
El proyecto contempla como ejes centrales los recursos estratégicos y la capacidad operativa; la estructura criminal y el control territorial; las garantías y los riesgos procesales; la integridad de la justicia y el ejercicio de la abogacía; así como la gestión patrimonial, la venta anticipada y la extinción de dominio.
La reforma busca reducir la capacidad económica de los grupos criminales y evitar que los bienes bajo custodia se deterioren o generen cargas desproporcionadas para el Estado.
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Bajo ese contexto, se proponen reformas a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Entre ellas, se plantea que los bienes sujetos a medidas cautelares puedan ser asignados temporalmente a entidades públicas o a organizaciones privadas sin fines de lucro para evitar su deterioro, abandono, pérdida de valor u ocupación ilegal.
La normativa aclara que esta medida sería excepcional, temporal y revocable, y que no implicará transferencia de propiedad ni generará derechos patrimoniales sobre los bienes.
Otra de las reformas incluidas en la Ley Antimafias modifica el Código Orgánico de la Función Judicial.
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La propuesta establece que quienes hayan sido condenados mediante sentencia ejecutoriada por delitos como delincuencia organizada, lavado de activos, cohecho, concusión, tráfico de influencias, asociación ilícita, fraude procesal, obstrucción de la justicia, testaferrismo o enriquecimiento ilícito quedarán inhabilitados para ejercer la profesión de abogado.
La propuesta legal consta de 23 artículos, de los cuales 21 reforman el Código Orgánico Integral Penal y dos modifican la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Contiene, además, una disposición general y tres disposiciones transitorias.
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