Caso Ornato Municipal: Alcalde de Pujilí entre los llamados a juicio por presunto peculado
José Arroyo, quien está en la cárcel de mujeres tras cambiar de sexo, fue llamados a juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras públicas.
Una jueza de la Corte Provincial de Cotopaxi llamó a juicio al alcalde de Pujilí, José Arroyo, por el presunto delito de peculado. La decisión se adoptó este 20 de junio, tras analizar los elementos presentados por la Fiscalía. Entre los procesados constan funcionarios municipales y contratistas.
La investigación forma parte del denominado caso Ornato Municipal. Según la Fiscalía, los implicados habrían participado en la adjudicación y justificación irregular de contratos financiados con recursos públicos. Las obras investigadas fueron ejecutadas durante la actual administración municipal.
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Con esta resolución, el proceso avanzará a la etapa de juicio. La jueza también ratificó las medidas cautelares dictadas previamente contra los procesados. José Arroyo continuará con prisión preventiva mientras se desarrolla el caso. Actualmente, el alcalde fue trasladado a un centro de privación de libertad femenino, debido a que en su cédula de identidad consta como mujer.
Fiscalía investiga contratos de obras ornamentales
De acuerdo con la acusación fiscal, las presuntas irregularidades están relacionadas con la construcción de dos óvalos abstractos del arte de Pujilí, esculturas de patos silvestres y la adquisición de palmeras y otras plantas ornamentales. La entidad sostiene que varias de estas obras habrían comenzado antes de la adjudicación formal de los contratos.
Según las investigaciones, los trabajos se habrían ejecutado inicialmente con materiales y personal del propio Municipio. Posteriormente, ya en funciones, el alcalde habría adjudicado contratos para justificar esas obras y gestionar nuevas adquisiciones relacionadas con el ornato de la ciudad.
La jueza llamó a juicio a otros procesados en calidad de autores y a cuatro como cómplices. Además, dispuso la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas bancarias para todos los involucrados, con el fin de garantizar una eventual reparación económica al Estado.