Periodista de Ecuavisa deja investigación sobre Caso Progen tras hechos que afectaron a su familia
El periodista de Ecuavisa denunció que, tras sus publicaciones sobre el caso Progen, su esposa fue separada de un cargo público y su hijo perdió su plaza de internado médico, hechos que atribuye a posibles represalias por su trabajo periodístico.
El periodista de Ecuavisa Hernán Higuera advirtió sobre represalias en su contra y contra su entorno familiar después de publicar una serie de investigaciones sobre el caso Progen, el cual aborda un supuesto perjuicio económico al Estado en contratos de generación eléctrica durante la emergencia energética de 2024.
Según se relata en un artículo publicado por dicho medio, en el que se informa sobre la decisión del periodista de distanciarse del caso, durante las últimas semanas Higuera dedicó extensas jornadas a revisar el expediente del caso, conversar con fuentes y analizar chats, notas de voz y documentos relacionados con la contratación de la empresa estadounidense Progen Industries LLC.
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De acuerdo a Ecuavisa, la respuesta del Gobierno no se tradujo en entrevistas o la entrega de documentación requerida, sino en cuestionamientos públicos contra el medio de comunicación y el periodista.
Choque con José Julio Neira
La situación habría escalado tras un episodio de tensión entre el periodista y el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, a quien le realizó un requerimiento periodístico para contrastar información. La respuesta a este llegó a través de un pronunciamiento público en redes sociales y no mediante una contestación directa.
En una publicación realizada el 18 de junio, Neira acusó al medio de insistir en una versión relacionada con una solicitud formulada por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) a la Secretaría de Integridad Pública para que actuara como veedora en procedimientos derivados de un acto administrativo emitido en junio de 2024.
Neira, quien resaltó que "el tema se quería tratar con mala fe", sostuvo que la Secretaría de Integridad Pública sí respondió al requerimiento de Celec mediante el oficio PR-SGIP-2024-0222-O, fechado el 2 de julio de 2024, y aseguró que la entidad no tenía competencias para evaluar procesos específicos ni para ejercer funciones de veeduría en contrataciones públicas.
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Asimismo, señaló que Ecuavisa ya había corregido en mayo de 2026 una información relacionada con una supuesta falta de respuesta a la empresa estatal.
Tras ese intercambio público, Higuera denunció que se produjeron dos hechos que afectaron directamente a su familia.
Según su relato, su esposa, quien ocupaba un cargo público, recibió una notificación de terminación de contrato sin que, hasta el momento, se le hubieran explicado las razones de la desvinculación.
Además, a su hijo, estudiante de Medicina, le fue suspendida su plaza de internado en el Hospital Carlos Andrade Marín, en Quito.
El documento argumentaba un exceso de estudiantes asignados y la necesidad de cancelar tres plazas de internado, una de las cuales correspondía al hijo del periodista.
La Comisión Nacional Anticorrupción se pronunció con respecto al anuncio de Higuera, expresando "su profunda preocupación ante la creciente atmósfera de persecución, desde el poder, a la prensa de investigación y a la sociedad civil que combaten la corrupción".
La Comisión Nacional Anticorrupción expresa su profunda preocupación ante la creciente atmósfera de persecución, desde el poder, a la prensa de investigación y a la sociedad civil que combaten la corrupción. https://t.co/qUpa73GxUC
— Anticorrupcion.Ec (@CNACEcuador) June 20, 2026
Caso Progen
El caso Progen, sobre el que se centran las investigaciones periodísticas, es una causa por presunto peculado relacionada con contratos de emergencia firmados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Progen Industries LLC para la instalación de plantas térmicas en Quevedo y Salitral.
Los contratos, suscritos en agosto de 2024, ascendieron a USD 149,1 millones. Según la investigación, Celec desembolsó más de USD 104 millones, pese a que los generadores entregados habrían sido usados, repintados, antiguos o incompatibles y no llegaron a producir energía.
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La Fiscalía ha formulado cargos contra 21 personas, entre ellas exministros de Energía, exgerentes de Celec, técnicos y representantes vinculados a la empresa contratista.