Por el asesinato de dos secuestrados en el Aeropuerto de Guayaquil un sospechoso fue enviado a la Penitenciaría
Por el secuestro y asesinato de dos personas que fueron sacadas a la fuerza del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, un sospechoso fue enviado a la Penitenciaría del Litoral.
Fiscalía procesó a un ciudadano que fue detenido la noche del 20 de diciembre en los exteriores de un centro comercial, a la altura de la avenida Perimetral. Se presume que habría participado –junto a otros implicados– en el hecho violento.
La Policía Nacional lo atrapó cuando trataba de huir del sitio, luego de incinerar el vehículo en el que se transportaba. Usaba vestimenta con distintivos de la Policía y portaba un arma de fuego (tipo fusil) con municiones sin percutir, una granada, un casco policial y un chaleco antibalas.
El aprehendido fue trasladado a la Unidad de Flagrancia y las evidencias fueron ingresadas en cadena de custodia de la Policía Judicial.
Según informes preliminares, las dos personas se encontraban al interior del Aeropuerto cuando fueron interceptados por seis individuos vestidos con uniformes de similares características a los de la Policía, quienes –mediante forcejeos– los subieron en un vehículo.
En la acción también habría participado un taxi, según los videos de las cámaras de seguridad del lugar.
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Luego de aquello, los cuerpos de las víctimas fueron abandonados a la altura de la avenida Narcisa de Jesús, en el puente que une Guayaquil con Samborondón, con heridas de proyectil de arma de fuego (en cuerpo y cabeza).
En la audiencia desarrollada la tarde del, la Fiscal del caso presentó como elementos de convicción: el parte informativo y de aprehensión, las versiones de los agentes aprehensores, evidencias encontradas en el sitio, entre otras.
La Jueza de Garantías Penales de turno acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Manuel Valentino G. M. y dispuso la elaboración de la boleta de encarcelación y su posterior traslado del procesado a la Penitenciaría del Litoral. La instrucción fiscal durará treinta días.
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 140, numerales 2 y 4, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de asesinato con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
