Gobierno advierte sobre proveedores ligados al crimen organizado, tras alerta de empresa a cargo de alimentación carcelaria
El Gobierno de Daniel Noboa emitió un mensaje contundente, en el que advirtió sobre la culminación de las relaciones con proveedores cuyos vínculos sugieren "conveniencia con el crimen organizado".
En un comunicado emitido este jueves 2 de mayo, la Presidencia se pronunció sobre la solicitud realizada a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que iniciara una investigación contra la empresa que ostenta los contratos de alimentación en algunas cárceles del país.
A través de la Secretaría General de Integridad Pública y la Secretaría General Jurídica, se envió una noticia criminis a la Fiscalía, mediante la cual se puso en conocimiento de esta entidad unas alertas categorizadas como "secretas" por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) relacionadas con presuntos actos ilícitos de carácter penal y a la posible implicación de la Compañía Lafattoria S.A.
Por lo que frente a las presuntas irregularidades, el Gobierno enfatizó su postura firme contra cualquier acto que atente contra la integridad pública, comprometiéndose a no mantener relaciones con proveedores que tengan vínculos con el crimen organizado.
Lafattoria S.A. ha mantenido el monopolio del servicio de alimentación durante más de una década, desde la construcción de las megacárceles en 2014. Cada año, la compañía factura al Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) más de 20 millones de dólares por sus servicios.
Lea también: El monopolio de la alimentación en escuelas y cárceles
"A diferencia de administraciones anteriores, en este Gobierno la impunidad no tiene cabida. Toda conducta monopólica será investigada y puesta en conocimiento de las autoridades competentes", señaló el Ejecutivo.
Asimismo, el Ejecutivo ha reafirmado su compromiso de coordinar la implementación de políticas de integridad pública para salvaguardar los principios fundamentales del Estado; así como también "está dispuesto a colaborar plenamente con el equipo investigador y proporcionar toda la información requerida".
Desde inicios de enero, cuando el presidente Noboa decretó el estado de excepción y el "conflicto armado interno" contra las bandas del crimen organizado, las principales cárceles del país pasaron a estar intervenidas y controladas por las Fuerzas Armadas para arrebatar el control interno de las prisiones a las estructuras criminales.
En los últimos años los centros carcelarios se situaron como el epicentro de la crisis de violencia criminal que sufre Ecuador y que ha hecho que el país se sitúe entre los primeros con más homicidios de Latinoamérica, con unos 45 por cada 100.000 habitantes en 2023.
