Fiscalía procesa a exfuncionarios y proveedor por presunto peculado en el Hospital Universitario de Guayaquil
Fiscalía procesó a cuatro personas –tres exfuncionarios del Hospital General Universitario y un proveedor– por su presunta participación en el delito de peculado para la adquisición de insumos médicos con presunto sobreprecio, entre estos: reactivos químicos destinados al área de laboratorio durante el año 2013.
Fiscalía inicio una investigación en diciembre de 2017, tras haber recibido un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal de parte de la Contraloría General del Estado, por un presunto perjuicio de cerca de 25.000 dólares en un contrato de adquisición de insumos médicos –como reactivos químicos– para el área de laboratorio del Hospital General Universitario del Ministerio de Salud, por un valor total de 75.044 dólares.
Según Contraloría e investigaciones de la Fiscalía del Guayas, existiría un presunto perjuicio económico en el contrato de adquisición de insumos, reactivos y consumibles para equipo de apoyo tecnológico y estarían involucrados varios exfuncionarios del referido hospital, así como el proveedor de la empresa investigada.
En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada la tarde del martes 3 de agosto en la Unidad Judicial Florida Norte, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, César Suárez, presentó como elementos de convicción: el Informe con Indicios de Responsabilidad emitido por la Contralaría General del Estado, y el informe y la pericia contable. Además de los informes de contratación pública, copias certificadas del contrato investigado remitido por el Ministerio de Salud, el informe del Servicio de Contratación Pública, las versiones de los auditores de la Contraloría y peritos contables, y los informes investigativos de inspección ocular técnica de Criminalística.
La jueza de Garantías Penales, Mónica Caicedo, dictó medidas cautelares –como presentación ante la autoridad judicial cada quince días, la prohibición de salida del país y la acción de enajenar bienes por 50.000 dólares– para José María P. D. (exgerente de la casa de salud), Maritza Isabel M. T. (exdelegada de la máxima autoridad hospitalaria), Jorge Enrique S. N. (exjefe de Compras Públicas) y David Stalin D. A. (proveedor de la empresa Megalab).
El cierre de la instrucción fiscal será en noventa días.
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que indica que los servidores y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.
