Empresas incautadas, negocios sin rumbo
María Belén Arroyo jueves, 17 octubre 2019 - 03:38
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Han pasado 11 años de la incautación de 200 empresas vinculadas a los exdueños de Filanbanco. Se dijo que se lo hizo para recuperar el dinero que el Estado perdió al asumir el control de ese banco. ¿Cuánto se ha logrado?
Sorpresivamente, a las 03h30 de la madrugada del martes 8 de julio de 2008, policías cercaron las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil. Con ellos llegaron representantes de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) para tomar control de la televisora.
Con el alba, las sorpresas continuaron. En Quito, el noticiero matinal de Gamavisión se interrumpió abruptamente y la palabra “incautados”, apareció en pantalla. En La Troncal, zona costera de la provincia del Cañar, corría la misma suerte el ingenio azucarero que desde hace medio siglo da vida a ese cantón.
Lo mismo pasó en las oficinas de Petromanabí que operaba un polémico campo petrolero; en EICA, una comercializadora de maquinaria pesada; en TVCable, Servientrega y Maxigraf, que operaba tres imprentas. En total 200 empresas cuyo paquete accionario estaba vinculado a los hermanos Roberto y William Isaías, expropietarios de Filanbanco.
¿Qué estaba ocurriendo? A la medianoche, en Carondelet, se había decidido ejecutar una norma legal que decía: “En aquellos casos en que los administradores hayan declarado patrimonios técnicos irreales, hayan alterado las cifras de sus balances o cobrado tasas de interés sobre interés, garantizarán con su patrimonio personal los depósitos de la institución financiera”, añadiendo que la AGD “podrá incautar aquellos bienes que son de público conocimiento de propiedad de estos accionistas”.
El gobierno se sustentó en una auditoría externa que fijó en 661 millones de dólares el hueco patrimonial de Filanbanco, a diciembre de 1998, fecha en que sus propietarios “tiraron la toalla”, entregaron las llaves del banco y se fueron a Miami. Filanbanco era la mayor institución financiera del país.
La medida extrema, se argumentó, era para resarcir el daño que había causado a las arcas fiscales el haber asumido el control de un enfermo terminal cuya defunción tardó tres años.
¿Qué se dijo? ¿Qué se hizo?
Tras la incautación, el entonces presidente Rafael Correa dijo: “Sabemos que el Estado es un mal administrador, peor la AGD, entonces pueden (los bienes incautados) perder valor comercial. Incluso he dado la orden que se mantengan los anteriores administradores con un auditor de la AGD para que no se altere la administración de esos bienes”. Y enfatizó: “Créanme, lo que menos le interesa al gobierno es ser administrador de esos bienes”. En muchos casos ocurrió lo contrario.
A medida que pasaban los días, la magnitud de la incautación fue disminuyendo. Algunas empresas fueron devueltas luego de que aparecieran sus reales propietarios. En ese grupo estuvieron Industrias Lácteas Toni y Plásticos Ecuatorianos de la familia Alarcón. En otros casos como Servientrega, TVCable, Budget o Automotores Continental, se comprobó que los Isaías eran socios y no los únicos dueños. Entonces el paquete accionario incautado fue vendido al resto de accionistas. Allí se logró recuperar 77 millones de dólares.
Petromanabí fue absorbida por Petroecuador con un valor en activos de 34 millones de dólares. En el hotel Ramada se utilizó una figura especial. Las acciones más el edificio fueron cedidas a los trabajadores por 5,3 millones de dólares. Hoy ellos operan el hotel y con las utilidades que generan van pagando la deuda adquirida con la Corporación Financiera Nacional (CFN).
Hay dos empresas icónicas en cuanto al manejo de los bienes en manos del Estado: son EICA y Maxigraf. De la primera, su nombre completo era Emilio Isaías Compañía Anónima, en referencia al abuelo de los Isaías Dassum quien la fundó en Catarama, Los Ríos, un siglo atrás.
Hasta 2007, EICA facturaba 40 millones de dólares anuales y estaba entre las 500 Mayores Empresas del Ecuador. En manos estatales quebró luego de que sus gerentes firmaron cuestionados contratos. Uno por 33 millones de dólares por la venta de maquinaria pesada al Ministerio de Obras Públicas y otro, por 10 millones en chalecos reflectivos. En ambos casos se iniciaron investigaciones que no han podido confirmar a los culpables.
La segunda, Maxigraf, en realidad eran cuatro imprentas: Industrias Gráficas Rocafuerte, Litoautomática y Litocheque en Guayaquil y, Megagraf en Quito. Desde la incautación hasta su cierre, tuvo seis administradores. A la inestabilidad directiva se sumaron sueldos exagerados, descuido en la maquinaria y pérdida de mercado. En 2007 vendieron 20 millones de dólares. En 2012 quebró. Tenía deudas vencidas en el banco Cofiec que también pertenecía a la AGD. Entre sus últimos trabajos estuvieron las papeletas electorales de 2009 y las boletas para el censo de 2010.
Los medios de comunicación
Lo atractivo para el gobierno eran las dos cadenas nacionales de televisión incautadas. Nunca se intentó siquiera venderlas. Al contrario, se ha documentado ampliamente cómo estos canales fueron usados para la propaganda estatal.
Correa prometió vender TC y Gama en seis meses. Han pasado 134 y lo único que se vendió, a medias, fue una parte de las acciones a los trabajadores. Algunos se arrepienten hasta hoy de haberlas recibido. “Después que fuimos incautados el manejo económico fue un desastre”, asegura Mauricio Herrera, secretario del Comité de Empresa de Gamavisión. Y añade: “El gobierno secuestró la pantalla. Hicieron un canal propagandista, partidista y de Gobierno”.
Los números rojos en Gama las explicó la Contraloría: “incrementos arbitrarios” de sueldos, “bonos y beneficios injustificados”, departamentos y casas arrendadas hasta por 2.700 dólares mensuales, asesorías hasta por 39 mil dólares “sin especificar qué realizaron”. Al final: deudas de cuatro millones al SRI y pérdidas contables por 17 millones entre 2010 y 2016.
En TC primó también la pauta de gobierno y la manipulación de espacios informativos. A ellos se sumaba Cablevisión, un canal exclusivo para la televisión pagada.
Galo Arbeláez, secretario del Comité de Empresa de Cablevisión, recuerda que desde Quito llamaban directamente a los jefes de información para ordenar el contenido de los noticieros. “Por las investigaciones recientes se conoce que las órdenes venían de la Secretaría de Comunicación (SECOM)”, dice Arbeláez. Según Contraloría, entre 2013 y 2016, TC Televisión pagó desde pasajes aéreos hasta bebidas gaseosas al entonces secretario nacional de Comunicación Fernando Alvarado, hoy prófugo.
En ambas cadenas, se decidió vender a los trabajadores parte del paquete accionario. Ellos se hicieron cargo de 14 millones de dólares que los pagarían con las utilidades de los canales. Pero la empresa de Medios Públicos determinó recientemente que entre ambos las pérdidas ascienden a 23 millones. Por Ley, las pérdidas de una empresa deben ser asumidas por los accionistas, en este caso por los empleados.
Gama, aunque sigue al aire, ha entrado en liquidación. Sus empleados acumulan varios meses sin sueldos. Cablevisión ya apagó sus cámaras pero algunos empleados aún esperan su liquidación.
La familia Isaías Dassum también tenía emisoras de radios, periódicos y revistas. En ellos la situación no es diferente. En Super-K y Carrusel también hay atrasos de sueldos y deudas con el IESS.
El negocio más dulce
Un año antes de la incautación, el ingenio azucarero Ecudos, antes conocido como La Troncal o Aztra, facturó 78 millones de dólares y reportó utilidades por seis millones de dólares. El complejo industrial incluye miles de hectáreas de sembríos de caña, el ingenio propiamente dicho y una fábrica de alcohol.
Antes de proceder a la venta, se valoró en 238 millones de dólares. Se habló de que fue la única empresa que la familia Isaías intentó recomprar, pero la Ley impide que los antiguos propietarios lo puedan hacer. Fue adjudicada a un consorcio liderado por el grupo peruano Gloria. Con intereses en cemento, lácteos y azúcar es el cuarto grupo económico del Perú.
La negociación fue sui géneris. Para los trabajadores se separó el 12 por ciento de las acciones, pero nunca se efectivizó el traspaso. Los peruanos, unidos a un grupo azuayo adquirieron el 70 por ciento de acciones valoradas en 139 millones de dólares. De ello, solo pagaron en efectivo el 10 por ciento y para el saldo consiguieron un préstamo de la CFN.
En los últimos años, el negocio del azúcar ha retrocedido a nivel mundial debido a las múltiples campañas en contra del consumo de este producto. En 2018, Coazucar, sucesora de Ecudos, presentó pérdidas.
Las cuentas claras
Luego de 11 años de la incautación, de una u otra manera se han recuperado 269 millones de dólares. Si esta cantidad es descontada del valor referencial con que se hizo la incautación, quedaría un saldo de 392 millones. En este ejercicio no se cuantifica lo que le ha costado al Estado el mantenimiento burocrático de la AGD ni de otros organismos que han actuado directa o indirectamente sobre estos bienes.
La sentencia ejecutoriada que pesa sobre los expropietarios de Filanbanco los condenó a ocho años de prisión, a que se los pida en extradición a los Estados Unidos y a que la deuda sea cubierta con intereses. Si del saldo pendiente calculáramos los intereses generados durante 20 años, llegaríamos a la conclusión de que los hermanos Isaías le deben al país unos 2.400 millones de dólares, lo suficiente para construir tres aeropuertos como el de Tababela o 600 escuelas del milenio.
